EDITORIAL
Firma digital ya marca avances y posibilita más
La propuesta de legislar para establecer la obligatoriedad de la firma digital para todo funcionario público no debería tener mayores obstáculos.
Al menos 20 ministerios y entidades estatales ya han logrado transformar digitalmente la totalidad de trámites que la ciudadanía puede requerir: certificaciones, permisos, solicitudes, licencias. De hecho, hay algunos de esos procesos que hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de guatemaltecos, facilitan gestiones y, sobre todo, ahorran tiempo y recursos. La firma electrónica avanzada es el pilar básico de buena parte de esas actividades, porque constituye una garantía de identidad de la persona, individual o jurídica, que realiza un trámite ante el Estado, pero que a diferencia de tiempos análogos ahora lo hace a distancia, en ventanillas electrónicas.
Un buen ejemplo del uso del potencial de la firma digital es la factura electrónica, mediante la cual la Superintendencia de Administración Tributaria acredita y registra una compraventa con el impuesto correspondiente; otro caso es el del traspaso automático de vehículos, para el cual ya no se necesita acudir físicamente a un registro, gracias a que los abogados autorizados dan fe del cambio de propietario a través de una firma digital validada.
En efecto, la firma digital es un código certificado provisto por entidades, el cual brinda certeza jurídica, rapidez, seguridad y transparencia. Lamentablemente, en muchos procesos del Estado aún no se aprovechan estas ventajas, lo cual conlleva pérdida de tiempo y gastos asociados con el transporte de personas o documentos para que se les estampe una rúbrica tradicional. Esto, a su vez, genera tiempos muertos para la suscripción de compras y contrataciones, autorizaciones o permisos. De hecho, hay entidades estatales en las cuales los procesos de transformación son lentos, tanto en procesos internos como en atención a la ciudadanía.
Quizás el caso más grave sea el del Ministerio de Salud, que maneja 159 posibles trámites a la ciudadanía: desde una tarjeta de salud hasta la autorización de fármacos, muchos de los cuales podrían efectuarse con envío de constancias o exámenes físicos certificados para emitir un permiso firmado electrónicamente, es decir, infalsificable y fácilmente verificable. Salud fue uno de los ministerios que no cumplieron con el plazo del 31 de agosto para digitalizar todos sus trámites. No logró implementar la digitalización de ninguno de los 159, lo cual puede obedecer a incapacidad, falta de recursos o incluso afanes de mantener plazas burocráticas anodinas.
Queda claro que la digitalización es un proceso ineludible y el manejo de asuntos y recursos públicos forma parte de las prioridades, ya que la vía electrónica asegura registros permanentes, exactos y auditables. Quizá sea a eso a lo que le huyan todavía ciertos grupos que medran al amparo del secretismo y la discrecionalidad. Por ello, la propuesta de legislar para establecer la obligatoriedad de la firma digital para todo funcionario público no debería tener mayores obstáculos. La normativa que avala la firma electrónica data del 2008 y por ello es llamativo que aún no sea requisito 16 años después.
Como se mencionó al inicio, ya hay procesos digitales en marcha y uso de firma electrónica avanzada en diversas entidades estatales, pero aún hace falta completar el círculo de la transformación. Esto se vincula incluso con la llegada de nuevas inversiones, pues existen empresas cuyos directivos simplemente no disponen de tiempo para venir físicamente a firmar documentos legales requeridos y con ello se atrasan o pierden oportunidades. Es urgente que el gobierno actual establezca un nuevo plazo perentorio para las entidades que aún llevan procesos en papel, que puede ensuciarse o perderse.
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