Van 25 días de este nuevo año, y en Guatemala han muerto violentamente 23 féminas, según las estadísticas oficiales del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público. En el 2020 fueron reportados 445 casos de femicidios, menos que en el 2019, una tendencia atribuida a los meses de confinamiento por la pandemia.

Desde este espacio se ha llamado la atención, en varias ocasiones, respecto de que por causa de patrones culturales retrógrados, estereotipos desfasados y actitudes antisociales, en Guatemala ocurren lamentables situaciones que atentan contra la dignidad y derechos de las mujeres, a través de manifestaciones que pueden llegar a las agresiones psicológicas, verbales, económicas y físicas. Dentro de esa triste serie de transgresiones se encuadran prácticas como el acoso callejero, la discriminación laboral, el chantaje económico, gritos, golpizas, abusos sexuales, ataques armados y, por desgracia, femicidios.

En el 2020, las denuncias de todos estos hechos alcanzaron 88 mil 711. Para 445 mujeres en ese año las denuncias no fueron una protección: murieron violentamente. Este año van tres mil 818 denuncias y 23 mujeres han sido asesinadas. La muerte de cada ciudadano a causa de la delincuencia es una afrenta a todos los guatemaltecos; las muertes de mujeres son un insulto repetido a las garantías plasmadas en la Constitución de la República, que comienzan por el derecho a la vida digna.

La persecución policial y penal de estos delitos debe constituir una prioridad del sistema de justicia; el no hacerlo deja campo abierto a los agresores de mujeres y a las bandas del crimen organizado que desechan vidas sin miramientos, con total impunidad. También esa justicia debe completarse con procesos de información y reparación a las víctimas y sus familias desde un punto de vista de apoyo moral y psicológico, para terminar con los ciclos o patrones vigentes.

La importancia de esto radica en que la mayoría de la población en el país (52 por ciento) son mujeres y niñas; sin embargo, el presupuesto con enfoque de género para atender políticas dirigidas a las mujeres apenas ocupa el 4 por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. De ahí la urgencia para que desde el Estado haya un reconocimiento y denuncia pública en contra de la violencia y discriminación por razones de sexo y se impulsen acciones concretas.

La solución no termina ahí; de hecho, el Estado solo puede intervenir cuando ocurre una denuncia o hay un hecho consumado. Es en la familia que se debe dialogar para avivar una cultura de valoración y respeto que contribuya a romper todos aquellos modelos de segregación que limitan el acceso a la educación a las niñas, así como poner fin a prácticas nefastas como el no denunciar, los matrimonios de menores o los ultrajes de cualquier tipo.

En los establecimientos educativos, los docentes deben fomentar el aprendizaje igualitario, así como alimentar las perspectivas de superación por capacidad y esfuerzo personal para mujeres y varones.

La población universitaria femenina ha crecido en el país en los últimos años, y esto es un indicador de ese enorme potencial intelectual que puede llegar a ser un factor clave de desarrollo y defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. La violencia hacia la mujer no es normal y se debe castigar.