EDITORIAL
Factura de reactivismo e inactivismo vial crece
La factura sigue creciendo, pero es la ciudadanía quien la paga más cara.
En el ámbito del pensamiento estratégico existen algunos perfiles de gestión según los procedimientos personales o institucionales para el abordaje de ventajas, problemas y previsión de escenarios, Y cabe aclarar que, aunque se hace la distinción, son personas —presuntamente profesionales, con experiencia, conocimiento y criterio— las que se hacen cargo de la conducción de entidades. Claro que, en las empresas, las ineficiencias, incapacidades y errores usualmente se sancionan y se pagan, mientras que en el Estado la sanción —si es que llega— va precedida de condonaciones, compadrazgos y transigencias que a menudo enmascaran conveniencias y amaños.
Sobre los mencionados perfiles de gestión de situaciones existen los proactivos e interactivos; los nombres pueden variar según el enfoque estratégico, pero ambos definen a personas y equipos que se anticipan, que hacen análisis prospectivos, evalúan errores pretéritos y abordan realidades críticas del presente, pero se enfocan, sobre todo, en objetivos de mediano y largo plazo, con base en datos y no en percepciones. Esos perfiles prácticamente no han existido en los gobiernos guatemaltecos durante más de cuatro décadas, con raras excepciones. Han pululado, sí, los perfiles reactivos, que en cada gobierno deshacen lo hecho por los antecesores para comenzar de nuevo. Ante la emergencia reaccionan de manera paliativa.
Y si ese suena mal, hay otro peor: el perfil inactivista, que evita el cambio y se conforma con seguir la corriente hasta que aparece la siguiente crisis. Suena conocido, ¿verdad?, porque incluso se vuelve un medio de vida facinerosa al mejor postor, sobre todo si hay estados de calamidad. El pensamiento estratégico sigue ausente en el Estado.
En las campañas electorales rugen discursos grandilocuentes en los que se mencionan términos como infraestructura, inversión, eficiencia, idoneidad, gestión por resultados e incluso estrategia nacional. Todos son válidos y largamente anhelados, pero cuando pasan las elecciones, se quedan en las peroratas y las acciones siguen limitadas a la reactividad e inactividad. La gestión vial del actual gobierno es una muestra de esa prolongación de ineficiencias, conformismos, excusas e indolencias.
El socavón en la autopista Palín-Escuintla era un serio desafío, quizá heredado de descuidos previos, pero cuya gestión empezó por infundados anuncios de plazos para la reparación que fueron aumentando en forma paulatina. Ya pasaron cien días y va para largo. La sobrecarga de las “rutas alternas” reveló además sus vulnerabilidades a derrumbes, hundimientos y ruptura de capa asfáltica, pero no existe un mapa ni un cronograma para su abordaje, pese a que es notorio el deterioro. Menos atención reciben otros puentes en la ruta CA-9 Sur, sobre todo los más pequeños, que tienen socavones y ciertas partes literalmente en el aire. Pero nadie los revisa ni los atiende. Las comunas se lavan las manos porque dicen que es asunto de Comunicaciones, aunque estén en peligro accesos a cabeceras y ciudades importantes. Reactivismo e inactivismo dañinos, destructivos, dolosos.
¿Están en el mapa del CIV los derrumbes que amenazan la cinta asfáltica en la ruta Cuilapa-Chiquimulilla? ¿O los puentes en vilo en la conexión entre Reu y Coatepeque? ¿Por qué ninguna unidad limpia los promontorios de lodo que son un riesgo vial en la ruta entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Cocales? ¿Hasta cuándo se consentirá el reactivismo y la parsimonia en el Ministerio de Comunicaciones? La factura sigue creciendo, pero es la ciudadanía quien la paga más cara.
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