Como si se tratara de un pequeño feudo y no de una magistratura nacional de conciencia a cargo de velar por el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ha perdido valioso tiempo. Ha pasado un mes desde la finalización de la entrega de papelería de candidatos a dicho cargo. Se presentaron 38 perfiles, pero dicha convocatoria se hizo sin definir claramente un perfil de ponderación, que sigue aún sin aclararse. Ello evidencia total improvisación o probable malicia de quienes integran tal sala.

Apenas ayer hubo una sesión en la cual, para terminar de completar el sospechoso cuadro, se añadieron dos requisitos más para optar al cargo. No es que una alta exigencia esté de más. Por el contrario, se trata de un cargo de alto impacto en la vida nacional que precisa de una rigurosa selección de profesionales. Sin embargo, trazar nuevas cribas 47 días después de efectuada la convocatoria suena a chambonada o a un intento extemporáneo de exclusión de determinados perfiles que podría ser incluso objeto de impugnación judicial.

El puesto de ombudsman tiene repercusión internacional y, por lo tanto, no puede ni debe estar sujeto a miopías, parcialidades o pactos que minen el calado de su misión. Todavía existen grupúsculos legislativos, vinculados con rancios abolengos u aviesas fidelidades, que ansían tener un PDH sometido a sus veleidades. Justo allí radica el problema de la pérdida de tiempo y rezago en la definición de los criterios de calificación, ya que posteriormente se puede invocar el pretexto de plazos perentorios para colar a aspirantes cuestionados y excluir a potenciales abogados independientes; tal parece que ese era el plan desde que se negoció la distribución de comisiones.

Organismos internacionales han solicitado que la elección de procurador de los DD. HH. se efectúe con transparencia, publicidad, apertura y objetiva evaluación de méritos, trayectoria y compromiso demostrado con la defensa de garantías constitucionales. Paradójicamente, la sala legislativa de marras está copada por criterios intolerantes. Muestra de ello es que de los 19 diputados que la integran, 10 votaron a favor de la polémica y hoy archivada ley 5272, un adefesio legal que conculcaba garantías ciudadanas y condicionaba derechos como el de la salud, la educación y la libertad de expresión, evidencia fehaciente del caldero de intereses que hierve en tal instancia.

El hecho de que dicha comisión haya declarado expresamente su incapacidad de lograr acuerdos sobre cómo fijar criterios para evaluar capacidades, trayectorias y méritos denota el talante relativista de sus raseros. Si no pudieron hacerlo en el mes y medio antes de la convocatoria, si no lo hicieron en el mes y medio después de la misma, no hay razones por las cuales van a elaborar una tabla razonable de calificación antes del vencimiento de entrega de los requisitos recién creados.

A lo largo de la historia de la institución del procurador de Derechos Humanos, instituida en la Constitución precisamente para frenar y denunciar los abusos de grupos de poder y fuerzas del Estado, dicha figura ha sido y debe ser incómoda para las autoridades de turno y no un delegado servil. Esto molesta, por supuesto, a los politiqueros intolerantes, pero no debería ser motivo para tratar de debilitar al llamado defensor del pueblo. Queda cada vez más en evidencia el intento miope de copar a la entidad que vela por el acceso a la información pública, el cumplimiento de mandatos constitucionales y que pone coto a toda pretensión autocrática. Tal intento solo merece repudio unánime.