Está por verse efecto de nuevo salario mínimo
Otro posible efecto colateral es el incremento de la informalidad o de la migración, pues los potenciales desempleados necesitan sobrevivir.
Las micro, pequeñas y medianas empresas proveen alrededor del 80 % de empleos formales en Guatemala, pero la generación de plazas laborales depende de su competitividad, cumplimientos de metas productivas, y de los costos de operación, entre los cuales figura el pago a los trabajadores. En este punto entra el concepto de salario mínimo, que desde enero tendrá un incremento del 10 % decretado por el Gobierno. Durante el anuncio de la medida, el presidente Bernardo Arévalo dijo que el aumento se fija bajo criterios técnicos, algo que cuestiona seriamente el sector privado organizado, que prevé un mayor impacto sobre las micro y pequeñas empresas.
Para dimensionar, cabe recordar que la categoría “micro” abarca a emprendimientos que tengan de uno a 10 empleados, mientras que las pequeñas empresas son aquellas con 11 a 80 contratados, todas con las prestaciones de ley y cumplimiento de obligaciones fiscales. En estas dos categorías están talleres de artesanía, confección y provisión de servicios, así también figuran aquí pequeños comercios de todo tipo, quioscos y negocios familiares de barrio. A diario luchan por lograr mejores ventas y tratar de crecer, a pesar de las vicisitudes económicas, el alza de costos de materias primas, pago de alquileres e incluso, en muchos casos, el infame pago de exacciones a delincuentes.
El súbito aumento, señala el comunicado del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), puede orillarlos a frenar planes de crecimiento y posiblemente a eliminar plazas laborales para poder mantener una base estable de costo. Otro posible efecto colateral es el incremento de la informalidad o de la migración, pues los potenciales desempleados necesitan sobrevivir. En otras palabras, el objetivo del aumento termina convirtiéndose en paradoja.
El establecimiento de salarios mínimos es motivo de polémica en muchos países, y es lógico porque colisionan objetivos. Por ello suelen existir entes como la Comisión Nacional del Salario, como un órgano asesor del Gobierno para encontrar los puntos de encuentro, las lógicas productivas y los dictámenes técnicos para que un eventual incremento no se diluya en los avatares de la inflación o detone una informalidad que no tributa, no reporta beneficios laborales ni está sujeta a supervisión de condiciones laborales. Resulta llamativo ver actualizaciones que se dan sobre los diálogos y recomendaciones de esta comisión, pero que contrastan con el anuncio de decisiones políticas y coyunturales.
Existen factores sociales, como la migración, que han llevado a la escasez de mano de obra en sectores como el transporte de carga, la construcción e incluso tareas agrícolas. Esto, a su vez, conduce a una mayor competencia por el talento humano y la más lógica forma de atraerlo es mediante salarios muy por encima del mínimo, así como obligaciones de ley, beneficios laborales de salud e incentivos por productividad. Por otra parte, es necesario generar mejor formación técnica para los jóvenes, a fin de que cuenten con aptitudes y capacidades que les permitan optar a trabajos con sueldos por arriba del mínimo y que tienen muchas plazas vacantes, tal el caso de los centros de llamadas, por ejemplo.
Está por verse el incremento del salario mínimo en ciudad, campo y maquilas. Al analizar la cifra individual, puede no parecer tan significativo; sin embargo, al multiplicarlo por 10, 40 o 90 empleados se puede apreciar la dimensión del reto de competitividad que se avecina. La postura de rechazo al aumento por decreto no es por intransigencia, sino como parte de un entorno de competencia diaria.