EDITORIAL
Escándalo no se arregla con negacionismos
Los gobiernos de Guatemala y también de Honduras tendrían que haberse ocupado ya de revisar qué personal estaba de turno, si estaban funcionando todos los sistemas de cámaras de seguridad y cotejar la lectura que dio procedimiento no invasivo de revisión.
El sábado 7 de diciembre, las fuerzas de seguridad de República Dominicana reportaron oficialmente el decomiso de un cargamento de nueve mil 500 kilos de droga que iba oculta en un contenedor con bananos provenientes de Guatemala. El hallazgo se produjo, según las autoridades de dicho país, cuando se detectaron movimientos inusuales de personas en el puerto de Caucedo, las cuales, al parecer, trasladaban los costales con droga a otro contenedor, que sería embarcado a Bélgica. El gobierno guatemalteco, que en este año reporta haber incautado 11 toneladas de droga, quedó en una posición incómoda, y la primera reacción fue de cierto negacionismo, el cual no es funcional, porque denota vulnerabilidad, por no decir descontrol.
La reacción inicial fue un comunicado, el domingo 8, en el cual se señalaba que el contenedor involucrado fue revisado mediante “tecnología de escáner” y que “no presentaba ilícitos”, por lo cual fue embarcado al ser considerado “no sospechoso”; sin embargo, se afirmó que “todas las hipótesis estaban siendo investigadas”. El lunes, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, enfatizó: “La hipótesis de que el contenedor fue contaminado con droga en Guatemala es disipada y totalmente descartada”, tras lo cual afirmó que no podía dar más detalles, porque había una pesquisa en curso entre ambos gobiernos, lo cual en realidad no disipa todos los cuestionamientos ni debería descartarse la búsqueda de explicación.
En la misma conferencia se mencionó que el barco proveniente de Veracruz atracó en Puerto Barrios y después pasó a Puerto Cortés, Honduras, antes de llegar a República Dominicana. El gobierno hondureño también se apresuró con el negacionismo, para proteger su imagen, pero en realidad cada gobierno necesita de una rápida pero completa auditoría de protocolos y seguridad portuaria.
Para nadie es un secreto que en los puertos a menudo se infiltran integrantes de mafias, debido precisamente a su función de manejo de grandes volúmenes de carga. Es un poco extraña la rapidez con que fue incinerada la droga decomisada por parte de las autoridades dominicanas, pues en otros casos dicho procedimiento se efectúa semanas después de la interceptación. En todo caso, los gobiernos de Guatemala y también de Honduras tendrían que haberse ocupado ya de revisar qué personal estaba de turno, si estaban funcionando todos los sistemas de cámaras de seguridad y cotejar la lectura que dio procedimiento no invasivo de revisión, la cual debe estar debidamente resguardada digitalmente. Así comienza la evaluación de responsabilidades en todos los estamentos de seguridad en que no se deben descartar indicios a la ligera.
República Dominicana reporta otros decomisos durante el año, en barcos provenientes de Colombia, Ecuador y Panamá, lo cual exhibe la dimensión y los nexos transnacionales que tienen las mafias del narcotráfico. Pero eso no es ninguna excusa, pues como señala el viejo adagio: “Mal de muchos, consuelo de tontos”. En materia de seguridad portuaria y combate al trasiego de ilícitos, ninguna autoridad puede autoexculpar al sistema sin haber efectuado una rigurosa criba.
Es llamativo y a la vez obvio el uso del tema por parte de opositores al gobierno para efectuar apresurados señalamientos que parecen orientados al desgaste y el descrédito; otros intentan acusar, sin mayor base, a empresas o políticos. Una cosa es la sana, lógica y necesaria crítica, pero otra es la inquina para deslegitimar a conveniencia, pero sin evidencias. No obstante, el problema está allí y no se irá hasta que se tenga una verificación total de procedimientos de todo contenedor en tránsito portuario por el país.
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