EDITORIAL
El primer barrote de una nueva reja
El desalojo del llamado Infiernito en junio recién pasado exhibió la tenencia de objetos ilícitos en poder de los reos.
El reciente traslado de 131 reos considerados de alta peligrosidad, vinculados con redes de extorsión, secuestro y asesinato, a la cárcel Renovación 1 —antes el Infiernito— constituye el primer paso de una secuencia de acciones, largamente relegadas, del Sistema Penitenciario (SP). Un único barrote no hace una reja. Este primer paso implica una continuidad para que, en efecto, haya un cambio de paradigma y de resultados. La transformación solo se concretará en cuanto y en tanto prosigan las acciones coherentes con el saneamiento de una unidad estatal cuyas fallas y distorsiones han comprometido la seguridad pública por demasiado tiempo.
El desalojo del llamado Infiernito en junio recién pasado exhibió la tenencia de objetos ilícitos en poder de los reos: teléfonos celulares, electrodomésticos, videojuegos, animales de patio y hasta una pileta con cocodrilos, toda una muestra de descontrol e impunidad. Ese mismo espacio, con capacidad para 252 reclusos, se encuentra remodelado con celdas individuales, vigilancia electrónica y veto total al trasiego de pertenencias de reos, y constituye la punta de lanza de una estrategia de certeza de castigo para convictos, quienes ahora portan uniforme numerado.
El desafío es enorme, pues estos primeros 131 reos solo constituyen el 0.57% del total de población carcelaria del país, que hasta septiembre rondaba los 23 mil 700 detenidos, incluidas personas en prisión preventiva y condenadas. Tal mezcla no debería existir, debido a que el sistema se ha convertido en un caldero de miasma en lugar de posibilitar la rehabilitación y la reinserción. Según las autoridades de Gobernación, en los próximos meses se comenzará la renovación de otros cinco centros de detención, bajo los mismos conceptos: clasificación y aislamiento de reos, estrictos protocolos antitrasiego y mejores controles sobre el personal a cargo.
En el reciente traslado, fue necesario el concurso de agentes de la Policía Nacional Civil, debido a la insuficiencia de personal de la guardia penitenciaria, una unidad que, a su vez, se ha visto plagada de casos de corrupción y cohechos, ya sea al permitir o al participar en el ingreso de ilícitos a los penales. De otra manera, no podrían explicarse tantos y tan reincidentes hallazgos en cada una de las más de cien requisas efectuadas en el año en todo el país. Por supuesto que también hay vulnerabilidades a través de las visitas, que deberán reglamentarse según la peligrosidad del reo, incluso al punto de efectuarse detrás de vidrios y por medio de auriculares, para monitorear el contenido de las conversaciones.
Son muy importantes las estrictas reglas en los centros de alta seguridad, como la posibilidad de generar oportunidades de educación y rehabilitación de personas. En este sentido, existen abordajes modernos, científicos y de buenos resultados en otros países, algunos de ellos encabezados por expertos guatemaltecos que ya comparten este saber en países de Iberoamérica. Tales experiencias deberían ser aprovechadas y puestas en marcha para beneficio de la sociedad. Pero el hacinamiento no depende solo del SP. Hace poco menos de un año y medio se habilitó el uso del control telemático, que por mucho tiempo se auguró como una opción para reducir el hacinamiento. Sin embargo, a la fecha tiene muy poco uso, debido a que ciertos jueces siguen ordenando prisiones preventivas a pedido de fiscalías, en procesos que no necesariamente tienen que ver con delitos de violencia, pero sí con aparentes animadversiones. Quizá la nueva Corte Suprema de Justicia, una vez elija y se ponga la cabeza en su lugar, procure también aportar algo en este ámbito.
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