EDITORIAL
El botín de la infraestructura
Otra mofa a la inteligencia y al esfuerzo ciudadano plasmado en el erario lo constituye el caso Odebrecht.
Para nadie es un secreto que en las últimas dos décadas el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se ha convertido en un apetecido botín, que incluso ha llevado a aquiescentes financistas y allegados de diversos presidentes a ser nombrados ministros o viceministros. En lugar de cuadros profesionales idóneos, se suelen privilegiar confianzas generadas a partir de conveniencias e incluso connivencias. La mejor prueba de este manejo enfermizo de una cartera tan crucial son las decenas de millardos de quetzales otorgadas en cada Presupuesto General de Ingresos y Egresos, pero cuyos resultados están a la vista.
La impunidad judicial sobre algunos de los escándalos y fraudes más notorios también aporta su dosis de veneno al desarrollo de la infraestructura nacional. Ver cómo un exministro se libra de la cárcel por el fraude multimillonario de una obra que se sigue cayendo a pedazos, el Libramiento de Chimaltenango, mediante un procedimiento de laxa sanción otorgado por una jueza, constituye una burla a la expectativa ciudadana. Del Ministerio Público (MP) no se oyó ninguna protesta, a pesar de la dimensión de la estafa, que en su momento se quiso vender como una megaobra “del futuro”.
Otra mofa a la inteligencia y al esfuerzo ciudadano plasmado en el erario lo constituye el caso Odebrecht, cuyos principales responsables buscan las vías de zafarse en una telaraña judicial que más parece una ruleta de apuestas. Es pasmosa la celeridad del MP para iniciar pesquisas contra el exministro Félix Alvarado, a dos días de su renuncia, por un supuesto caso de lavado. Alvarado denunció varios contratos amañados, incumplidos o de mediocre realización durante el período Giammattei Falla, sobre los cuales no hay resultado alguno, así como tampoco lo hay del caso B410, señalado por la Superintendencia de Administración Tributaria.
De regreso al anquilosado CIV, es necesario decir que su estructura de funcionamiento agrupa tres ministerios en uno y que ello es producto de una estructura orgánica caduca, limitada por las posturas de sindicatos clientelares, una Ley de Contrataciones parchada y el asedio constante de ambiciones de contratistas, financistas electoreros y diputados, que a su vez tienen sus propias roscas de intereses. Tal amasijo de voracidades y politiquerías baratas —pero que salen muy caras— lleva dos décadas de infectar el funcionamiento de una cartera que debería ser eminentemente técnica.
Se viene el reto de nombrar a una nueva persona que se sentará en la silla ministerial con la espada de Damocles, sujeta a la alta necesidad de recuperar los tramos ocluidos y la próxima implementación de la nueva ley de infraestructura vial, en un contexto de intereses legítimos, pero también ciertos fariseísmos que están a la espera de medrar con el erario. Se necesita un perfil idóneo, con experiencia, liderazgo, ética y apertura para denunciar cualquier intento de chantaje, saboteo o presión para recibir beneficios ilícitos; sin embargo, precisa también del apoyo político total y constante del presidente de la República para echar adelante las prioridades existentes o nuevas.
Es necesario revisar las funciones, integraciones, nóminas, privilegios y mecanismos de evaluación de resultados en entidades como la Dirección General de Caminos, que más parece una rémora que una dependencia eficiente; lo mismo cabe decir de la Unidad de Conservación Vial y de la Unidad de Edificios Educativos. Valga mencionar que también hay grandes pendientes en el aeropuerto La Aurora y en otros aeródromos del país, incluyendo el bodrio del “aeropuerto de carga” de puerto San José, inconcluso y con millones de quetzales pagados, otro fraude sobre el cual no hay pesquisas a la vista.
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