El tráfico del opioide sintético fentanilo es el más reciente y abyecto zarpazo del inmundo negocio de las drogas, cuyos efectos son devastadores no solo en los consumidores, sino también en las sociedades en donde pululan las mafias de traficantes. En 1951, una de las primeras noticias de Prensa Libre fue referente al trasiego de marihuana y a lo largo de siete décadas se ha complicado y diversificado la oferta de sustancias ilícitas de todo tipo, que a su vez incrementan la violencia, la brutalidad y la búsqueda de impunidad de los grupos que amasan ingentes fortunas.

Queda claro que países industrializados constituyen el principal mercado de toda clase de drogas, a causa de una confluencia de alto poder adquisitivo, ocios extendidos y visiones superficiales de grupos de población proclives a la búsqueda de estos paraísos engañosos, espejismos de evasión aparente a través de la alteración de los sentidos y pérdida de conciencia —eventualmente de la vida misma— mediante consumo de sustancias.

Los millardos de dólares que se mueven por el tráfico de todo tipo de drogas constituyen un incentivo pernicioso que termina golpeando a Estados débiles, en donde la seguridad ciudadana es porosa y cuya posición geográfica los convierte en zonas de producción o puentes para el paso de cargamentos en ruta a Estados Unidos y Europa. Mafias internacionales se alían con grupos delictivos locales para la perversa logística. Estos pactos criminales terminan golpeando a esas democracias en desnutrición institucional crónica, vulnerables a la corruptela y ya de por sí debilitados por los repetidos despropósitos de una clase política con escasa cultura general, desprecio por la ética y en constante búsqueda de atajos hacia la riqueza rápida, y por lógica, ilícita.

Recientemente se produjeron capturas, con propósitos de extradición a EE. UU., de personas originarias de México y Guatemala, ligadas al tráfico de fentanilo procedente de China. No son las primeras del año ni serán las últimas, porque se trata de una larga y complicada batalla en la cual el principal factor en juego es el sistema nacional de seguridad y justicia, el cual las mafias tratan de infiltrar, comprar y pervertir.

Por eso es tan peligroso, tan grave y tan sospechoso que el Tribunal Supremo Electoral haya aceptado —e intentado aceptar— candidatos señalados de nexos con el narcotráfico, con fortunas prácticamente inexplicables e incluso acciones que dejan entrever sus auténticas fidelidades. Alcaldías de zonas costeras y fronterizas son codiciadas para utilizarlas como áreas de aterrizaje, recepción de alijos y paso de convoyes. Esa es la razón por la cual se debe exigir sin excusas entrega puntual, detallada y bien documentada de informes de financiamiento y gasto de los partidos políticos, para evitar lavado de activos, conflictos de interés y compromisos oscuros con grupos que se cobran no solo con derecho de paso, sino con miseria para las comunidades, ausencia del Estado y, por supuesto, con violencia creciente.

Si decir todo esto pareciera una exageración, basta recordar la balacera perpetrada el viernes último contra dos habitantes de La Democracia, Huehuetenango, que fueron ametrallados por un comando armado que ingresó ilegalmente desde México, lo cual recuerda masacres previas ligadas a disputas del narco. Por eso causa tantas suspicacias cuando un narcopartido resulta ser el aliado clave de dos legislaturas y cuando por fin es suprimido sus integrantes migran incluso al partido oficialista.