Editorial
Discrecionalidades pesan sobre el erario
Si eran lícitas, correctas y necesarias, ¿por qué actuar como si se tratase de una treta?
Sobre las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), es decir, entidades ajenas al aparato de gobierno, pero que a menudo reciben o solicitan aportes de dinero estatal, pesa siempre un desafío constante: manejo transparente de los recursos, eficiencia en la gestión, respeto a la especificidad de la misión declarada y también pertinencia cultural según la región donde trabajen. Existen oenegés que reciben apoyos internacionales, pero el axioma es el mismo: deben (o deberían) responder con claridad respecto de los recursos que manejan y dc los fines que justifican su existencia, especialmente, aquellas dedicadas a impulsar el desarrollo de las comunidades.
La etapa de posguerra en Guatemala produjo una eclosión de iniciativas no gubernamentales, nacionales y foráneas, en impulso de proyectos productivos, de salud, educación, equidad, defensa de derechos humanos, conservación ambiental e impulso de la cultura y el deporte. Muchas finalizaron su existencia al concluirse los períodos o proyectos que les dieron origen. Otras prosiguen su labor, porque los desafíos persisten; verbigracia, aquellas que atienden problemas específicos de salud en población vulnerable, o bien, que brindan posibilidades educativas a la niñez y juventud de zonas marginales.
A causa de ello, tiene cierta lógica la continuidad en la asignación de recursos en el presupuesto del Estado a entidades que atienden, por ejemplo, a niños con cáncer, pacientes renales o con otras dolencias específicas, cuyo tratamiento hospitalario sobrepasaría la capacidad instalada. Hay muchos ejemplos de oenegés con larga tradición de resultados positivos y constante rendición de cuentas, tanto del destino de los fondos como de los resultados. No obstante, también han existido concreciones con sombra de amaño.
Es el caso del presupuesto de este año, en el cual se eliminó la asignación a la fundación denominada Conguate, supuestamente dedicada a atender a migrantes, pero cuyo aporte provenía del Ministerio de Educación (Mineduc) y que hacía donativos a escuelas. Tal botín solo se sostuvo porque el presidente de esa organización era diputado del anterior partido oficialista. Las intervenciones de mobiliario y equipo que efectuaba en institutos públicos bien podían haber sido ejecutadas por el Mineduc sin intermediarios. El asunto es que ahora ya no dispone de la asignación millonaria que sonaba y parecía discrecional.
En el presupuesto del 2025 hay Q1 mil 800 millones adjudicados a oenegés. Lo llamativo es que muchas fueron incluidas a última hora, en enmiendas posteriores al dictamen favorable. Si eran lícitas, correctas y necesarias, ¿por qué actuar como si se tratase de una treta? Diputados de Semilla avalaron estos cambios de último momento. Hay entidades de prolongada trayectoria y con frutos positivos, pero en los intersticios se colaron otras asignaciones de dinero público muy sospechosas; entre ellas, una cooperativa de ahorro y crédito que, por su naturaleza lucrativa, no califica como una organización no gubernamental.
Para más agravante de esta maniobra, que parece copiar ardides de legislaturas anteriores, no se registraron audiencias para todos los beneficiarios de estos fondos estatales. Lo denuncian congresistas que ahora son de oposición, quizá al calor de la impotencia, pero de alguna forma se tenía que saber. La Contraloría General de Cuentas, que en ciertos períodos ha sido lerda y de pronto recuperó la agilidad para auditar, debe exigir cuentas de lo ejecutado en años previos y realizar una glosa eficiente del siguiente ejercicio fiscal. En todo caso, las oenegés solo son la prueba de los fallos atávicos e incapacidades históricas del Estado. Algunas cumplen con un servicio, sí, pero otras solo sirven como fachada de codicias ilegítimas.
ESCRITO POR:
