Editorial
Denuncia de caso Red Q pone en jaque al MP
La denuncia debe ser presentada oficialmente en el Ministerio Público, aunque el solo anuncio ya debía motivar una averiguación de oficio.
En julio de 2023, el gobierno presidido por Alejandro Giammattei Falla rechazó y calificó de “deleznable” la inclusión del presidente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), Melvin Quijivix, en la lista negra de corruptos del Triángulo Norte emitida por el Departamento de Estado de EE. UU., el cual señaló a Quijivix de beneficiar discrecionalmente a ciertas empresas mediante contratos. El Ministerio Público, único ente estatal a cargo de la persecución penal del delito, se pronunció aquel mismo día en un comunicado: “Dicha lista no tiene ninguna validez en Guatemala, por lo que no incide de ninguna manera en la labor investigativa de la institución”. Añadió que se trata de “una institución independiente y autónoma que no está sujeta a ningún tipo de presión internacional”.
En efecto, el MP se debe a Guatemala y a los guatemaltecos. Por eso será interesante observar el abordaje que tendrá la denuncia de la Secretaría General de Planificación, acerca del amaño en el contrato que llevó a Melvin Quijivix, exintegrante del Centro de Gobierno; tras la disolución de este ente paragubernamental, fue contratado en Segeplán para con un cargo directivo para el cual no estaba calificado. Esta objeción está documentada mediante una carta dirigida por la Oficina Nacional de Servicio Civil a la entonces secretaria de Planificación, Keyla Gramajo, en la cual se le notificaba que el postulante no cumplía los requisitos de ley.
La contratación se hizo a través de una orden firmada por Gramajo, con visto bueno del entonces presidente Giammattei Falla, que también sale salpicado. En papel, Quijivix tenía asignadas funciones para justificar su plaza, pero no cumplió ninguna de ellas, pues en marzo de 2021 fue nombrado representante de Segeplán en el consejo del Inde, donde fue electo presidente en enero de 2022.
Para no hacer larga la historia, el señor Quijivix fue destituido de la presidencia del Inde el 19 de enero de este año, cinco días después del cambio de gobierno. Se le terminó el aval presidencial que tenía, y a causa del incumplimiento de labores acordadas en contrato se le despidió de Segeplán, pero aun así, reclamó una supuesta indemnización, la cual era improcedente, toda vez la causa de su cese. Mientras estuvo en el cargo de presidente del Inde adjudicó varios contratos a empresas ligadas con familiares de su esposa, quien también estuvo contratada en la institución durante su período.
La denuncia debe ser presentada oficialmente en el Ministerio Público, aunque el solo anuncio ya debía motivar una averiguación de oficio. Esta vez no se trata de un señalamiento “extranjero”, sino de una serie de indicios documentales, institucionales, financieros y hasta periodísticos disponibles en las dependencias estatales citadas. Hay claras correlaciones de afinidad con otros funcionarios o exfuncionarios de gran influencia en el gobierno de Giammattei Falla, el cual calificó la inclusión en la ista Engel como “juicios de valor” y “sin garantía de legítima defensa”.
Esta vez es una denuncia del Ejecutivo, la cual cuenta con indicios concretos: registros, oficios, nóminas y dictámenes de auditoría, además de las propias acciones a cargo de la persona señalada, que, por supuesto, tiene derecho a presumir su inocencia, tanto como el MP tiene la obligación de investigar el caso con seriedad y celeridad, para encontrar vínculos y extensión de intereses involucrados. Existen otros casos de irregularidades que aún no reportan resultados contundentes de las fiscalías correspondientes, tal el caso de la red de evasión y amaño de compras B410 o la compra de vacunas rusas, solo por citar dos. El caso Q tiene ya la mitad de la tarea hecha y no completar la otra sería un verdadero desconsuelo.
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