¿Cuántos de los 43 mil ya están libres?
La revisión de penas contra extorsiones y crímenes conexos podría ser una respuesta racional, punitiva y a la vez preventiva, en contra de este flagelo.
Las estadísticas policiales de 2024 exponen la actividad de combate de la delincuencia, sobre todo en relación con robos, extorsiones, narcotráfico y delitos contra la vida. Cuarenta y tres mil 169 capturas se reportan en el año recién pasado: unas 118 diarias, sobre las cuales habría que requerir cifras de casos judicializados al Ministerio Público (MP) y al Organismo Judicial (OJ). Dadas la mora judicial, la prolongación de procesos y la tendencia del MP a reportar como “resueltos” casos que fueron desestimados, cabe preguntar cuántos de los detenidos se encuentran ya en libertad.
Cierto es que no todo el proceso de justicia está en manos de la Policía Nacional Civil (PNC), sino únicamente la captura de sospechosos, con el correspondiente informe que permita a la Fiscalía y jueces tipificar delitos. Tampoco se trata de que todos los casos ameriten prisión preventiva, y en el país estamos en tal circunstancia que ni siquiera los centros de detención garantizan el aislamiento de los ofensores. En el informe es llamativo el dato de 538 reos condenados, la mayoría por exacciones y asesinatos, que recibieron notificaciones por estar presuntamente involucrados en nuevas extorsiones y asesinatos, valga la redundancia, para resaltar tan absurda situación que ya se prolonga por décadas.
También es sintomática la implicación de convivientes de pandilleros o imitadores en el asedio a pequeños negocios, en el cobro extorsivo y hasta en la coordinación de tales redes. El reciente encierro total de un centenar de reos en la cárcel de máxima seguridad Renacer 1 desató pedidos de traslado ante diversos juzgados, invocando los “derechos humanos” de los convictos; pero tal acción denota la necesidad de endurecer los controles de seguridad en los penales y reducir los trasiegos de objetos o sustancias ilícitos en el interior de los centros penales de hombres y mujeres.
El desafío de la seguridad pública recae sobre las estrategias policiales y los desempeños eficaces de las unidades a cargo del combate de transgresiones específicas. Sin embargo, se hace necesario el concurso de los otros poderes del Estado, es decir, Legislativo y Judicial, para generar innovaciones y apretar tornillos institucionales dentro del Estado de derecho para generar disuasivos contra la criminalidad. Decepciona el Congreso al enumerarse, en los prolegómenos del nuevo período de sesiones, el interés por tres leyes, entre las cuales no figura ninguna vinculada al combate de la criminalidad. La revisión de penas contra extorsiones y crímenes conexos podría ser una respuesta racional, punitiva y a la vez preventiva, en contra de este flagelo.
Por su lado, el OJ y la Corte Suprema de Justicia, que aún no parecen terminar de entrar en funciones, tienen la tarea pendiente de encontrar eficiencias para elevar el rigor en la aplicación de la norma vigente para proteger la vida y la integridad ciudadanas. Todavía está fresco el incidente del individuo ebrio que le disparó a otro en el Parque Centenario, que fue detenido —con todo y arsenal sin licencia— en su intento de huida, pero que un juez dejó libre bajo caución de Q10 mil. Días después, fue detenido en flagrancia disparando al aire y se supone que pasó en Año Nuevo en prisión. ¿Qué ocurrirá con sus procesos? He ahí la cuestión.
La incautación de 10 armas diarias en el año es un síntoma grave de su proliferación y subregistro. Esto trae a colación el exhibicionismo de fusiles, ametralladoras y pistolas, sobre todo, en desfiles hípicos de municipios de costa y frontera. Tal desplante ocurre impunemente y hasta se trata de vender como parte del jolgorio popular, aunque en realidad constituye una declarada y preocupante amenaza pública.
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