Dos exministros y un viceministro del gabinete del gobierno de Alejandro Giammattei Falla fueron declarados inelegibles para visa de ingreso a territorio estadounidense, señalados por dicho gobierno de “corrupción significativa”. Se trata del extitular de Gobernación Gendry Reyes, quien renunció en enero de 2022, y el exministro de Energía y Minas Alberto Pimentel, quien dimitió en julio pasado. Para ambos hubo pedidos de interpelación en el pleno del Congreso de la República. En el caso de Reyes se pidió voto de falta de confianza pero en ese momento se rompió el quórum; en cuanto a Pimentel, nunca empezó el cuestionamiento, gracias a la misma táctica. También fue sancionado el viceministro de Energía y Minas, Óscar Rafael Pérez.

Otros 12 guatemaltecos, entre funcionarios y personas particulares, también pierden el permiso de ingreso a territorio estadounidense a partir del anuncio emitido ayer por el Departamento de Estado, señalados de socavar la democracia y el estado de Derecho en el país. Su identidad no fue divulgada en el comunicado.

Apenas han pasado tres meses desde el listado anterior, divulgado el 19 de julio y en el cual figuraba otra decena de perfiles, entre ellos la fiscal del Ministerio Público Cinthia Edelmira Monterroso, los jueces Fredy Orellana y Jimi Brener, el dirigente magisterial Joviel Acevedo, el exjuez y actual relator contra la Tortura, Lesther Castellanos; el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix, y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos. Desde 2020, EE. UU. ha revocado casi una cincuentena de visas, una medida severa para unos y para otros, insuficiente.

Algunos de los señalados forman parte también de la llamada Lista Engel, de actores corruptos en el Triángulo Norte de Centroamérica, cuyos efectos parecen no hacer mella en sus actividades o bien son tomados con sorna. Algunos de los encartados llegan a decir incluso que fueron penalizados a causa de una supuesta defensa de la patria contra la intromisión extranjera.

La semana pasada, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, fue vehemente en el rechazo a las acciones de la Fiscalía contra el proceso electoral y destacó que el mandatario Giammattei Falla “no quiso” reunirse con él. Al ser consultado, fue parco respecto de las herramientas sancionatorias a utilizar, quizá porque ya se encontraba en análisis el nuevo índice de nombres. Los integrantes del gobierno y de la legislatura actual, a los cuales les quedan 74 días de gestión, no deberían tomar tan a la ligera la estrategia de la potencia del Norte, que está enfocada en fortalecer la democracia y potenciar la cuentadancia estatal como claves para impulsar el desarrollo que reduzca la migración irregular.

En el actual contexto, con un proceso electoral legalmente concluido, resultados debidamente blindados, refrendados y oficializados para diputados, alcaldes y binomio presidencial, cualquier movida antidemocrática para entorpecer la transición ya no tendría disfraz legal alguno, pues sería simple y llanamente inconstitucional. En todo caso, el reloj prosigue su cuenta atrás para personajes allegados y bisagras del oficialismo que, de súbito, ostentan inexplicables fortunas. Algunos casos denunciados avanzan muy lentamente y otros tienen incluso cierres inusitados. Pero quizá es por diplomacia o por estrategia que aún no les llegan sanciones mayores como la Magnitsky o, peor aún, solicitudes de extradición a cortes de EE. UU.