Ya se rebasaron los primeros 50 días desde el comienzo de la actual legislatura, sin que hasta el momento haya sido aprobada —ni siquiera debatida de manera seria, técnica y propositiva— una sola iniciativa estratégica y de amplio beneficio nacional, pese a que existen propuestas importantes relegadas desde hace años y a que el país se encuentra en una coyuntura crítica en materia de infraestructura, desarrollo económico y atención a la población más vulnerable.

El presidente Alejandro Giammattei expresaba ayer la necesidad de introducir cambios que viabilicen la Ley de Alianzas Público Privadas, para poder emprender algunos proyectos viales urgentes bajo el amparo y garantías de esta figura legal. Sin embargo, tales modificaciones ni siquiera se encuentran previstas en la agenda de un Congreso que parece perdido en un laberinto de inexperiencia, pugnas partidarias y avidez por conseguir cuotas de poder en las nuevas cortes.

Ciertamente, la conmoción generada a partir de la suspensión temporal, dictada por la Corte de Constitucionalidad, de la elección de magistrados, a causa del peligro señalado por el Ministerio Público de posible injerencia del operador Gustavo Alejos, ocasionó un inesperado vacío en la actividad del hemiciclo, aunque no un cese de las negociaciones y recomposición de apuestas de nombramiento. Por otra parte, la suspensión de la aprobación en tercera lectura de las reformas a la Ley de Oenegés, también a cuenta de la CC, deja por ahora sin validez la sanción presidencial y su entrada en vigencia, una medida ordenada con base en las dudas legales sobre la manera engañosa como se introdujo tal moción, que incluía enmiendas de curul de diputados de la anterior legislatura y cuya votación se hizo bajo la presión de unos cuantos congresistas.

Por otra parte, el presidente de la República tiene la potestad de proponer iniciativas de ley y bien puede enviar al Legislativo un pliego de propuestas concretas que su bancada debe someter al pleno a la brevedad posible. De esta cuenta no tendría que estar pidiendo a los empresarios que acudan a negociar con los diputados, pero sobre todo, bien podría aprovechar su peso político para que el costo del rezago recaiga sobre otras bancadas reacias al avance del país.

Desafortunadamente, los apoyos sobre los cuales se gestó la directiva del Congreso son precarios y con una cohesión basada en objetivos de corto plazo, entre ellos la repartición de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Por otra parte, la presencia de integrantes emblemáticos de la estéril legislatura anterior no augura mayores avances en leyes de transparencia, normas de mayor rigor para los partidos políticos o fomento de las inversiones. Por algo y durante los cuatro años anteriores el país cayó 20 puestos en competitividad, no solo por la polarización provocada por el gobierno de FCN-Nación, sino por el entrampamiento de la agenda parlamentaria, por dolo o incapacidad.

Existe otro botín que también obnubila a las bancadas, y es la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes se encargarán de los siguientes comicios y de proponer reformas a la Ley Electoral. Los diputados se afanan por encontrar no necesariamente a los más capaces, sino a quienes garanticen normas laxas y amplia tolerancia a los viejos y conocidos desmanes partidarios. Y mientras se encuentran en esa búsqueda, muy poco interés le pondrán a la ejecución de obra, a la recta fiscalización y a la calidad en la confección de leyes; al menos eso es lo que pintan sus primeros 50 días.