EDITORIAL
Condena por traicionar la confianza de millones
Este caso judicial exhibe una vez más, pero quizá con vehemente y lamentable prominencia, los riesgos de concentración de poder en una sola persona, en cargos sin mayor rendición de cuentas y con múltiples barreras legales para una remoción oportuna que contenga los daños.
Es trillada, pero no por ello menos certera, la frase atribuida a Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Prueba de ello es la sentencia de 38 años de cárcel impuesta en una corte de Nueva York al ex secretario de Seguridad de México y exzar antidrogas Genaro García Luna, quien, a pesar de sus juramentos oficiales, se coludió con el cartel de Sinaloa a lo largo de dos décadas, desde diversos cargos.
Los abusos y barbaries perpetrados por García Luna, señalados por testigos, le valieron fuertes palabras del juez Cogan —el mismo que sentenció a Joaquín Guzmán—: “Usted tiene la misma matonería que el Chapo, solo que la manifiesta de forma diferente”. La Fiscalía de Nueva York lo señaló de traicionar la confianza de millones de ciudadanos mexicanos, y aunque no consiguió la cadena perpetua que solicitaba, logró que el exfuncionario de 56 años pase el resto de sus días tras las rejas. El juicio estuvo sujeto a retrasos por recursos dilatorios de la defensa y también por el riesgo de que el acusado sobornara a reos para declarar a su favor. De hecho, García Luna insistió poco antes del veredicto en que es inocente de los cargos y se dice víctima de una supuesta conspiración política. Pero, por el contrario, el tiempo transcurrido desde su cargo y las dificultades para su aprehensión y procesamiento exhiben una cauda de poder y fondos ilícitos. Pero la justicia llegó, a pesar de múltiples dilaciones.
En la serie de ficción El Chapo (Netflix, 2017) se alude a García Luna mediante la escenificación de tráficos de influencias, ataques a carteles rivales, cobros de sobornos millonarios y filtración de información sobre operativos por parte de un funcionario llamado, irónicamente, señor Sol. Pero la realidad supera la ficción.
García Luna fue capturado en 2019, en Texas, y su caso judicial exhibe una vez más, pero quizá con vehemente y lamentable prominencia, los riesgos de concentración de poder en una sola persona, en cargos sin mayor rendición de cuentas y con múltiples barreras legales para una remoción oportuna que contenga los daños. Este tipo de tropelías se cometen, claro se ve, al amparo de apariencias legaloides pero denotadas por las correlaciones de acciones y omisiones, así como las ramificaciones del dinero corrupto.
Uno de los testimonios claves para la condena de García Luna fue otro exfuncionario corrompido: el exfiscal de Nayarit, México, Edgar Veytia, quien desde su cargo oficial cometió abusos continuados en subrepticia alianza con ciertos grupos criminales, al tiempo que atacaba a bandos rivales, lo cual servía para aparentar una supuesta efectividad que solo beneficiaba a sus aliados ilícitos. Las reacciones sobre la condena empiezan desde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia mañanera endosó el cuestionamiento al expresidente Felipe Calderón, que fue quien nombró y mantuvo a García Luna en el cargo desde el cual detonó la sangrienta guerra contra y entre carteles que se recrudeció en el 2009. Esto, por supuesto, no disminuye los cuestionamientos hacia el abordaje del combate del narcotráfico durante los anteriores períodos presidenciales. De hecho, durante la gestión de Andrés López, antecesor de Sheinbaum, las narcodisputas llegaron a Chiapas y a la frontera con Guatemala, con peligrosas incursiones y matanzas. El poder corruptor de estos grupos puede alcanzar altas esferas, pero hasta al más poderoso le llega el momento, tal el caso del capo Ismael el Mayo Zambada, cuyo juicio se inicia esta semana en la misma corte en la cual fue condenado García Luna.
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