EDITORIAL
Condena exhibe ruines niveles de colusión
Es innegable que los grupos de narcotráfico buscan espacios de influencia y poder público a través del financiamiento ilegal de campañas electorales.
Colusión puede definirse como un convenio o arreglo clandestino hecho entre dos o más personas, con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien. Por lo tanto, abarca todo tipo de tratos abyectos que implican a funcionarios o autoridades electas que frente a la ciudadanía exhiben una cara de legalidad, pronuncian discursos de férreo combate a estructuras criminales y, en ocasiones, atacan a ciertos grupos delictivos que resultan ser rivales de los mafiosos con los cuales tienen arreglos furtivos a cambio de pingües e ilícitas ganancias.
El veredicto de culpabilidad por cargos de narcotráfico al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), quien gobernó del 2014 al 2022, en dos períodos consecutivos, era casi inevitable, dados los testimonios acusatorios de delincuentes extraditados, convictos y confesos, con quienes el exmandatario aparece en fotografías cuando su poder parecía omnímodo e ilimitado. La condena a cadena perpetua de su hermano, el exdiputado Tony Hernández, en el 2020, por utilizar sus influencias estatales a favor de bandas de trasiego de drogas fue un precedente emblemático que manchó la imagen del entonces mandatario, quien se escudaba detrás de un supuesto discurso conservador con el cual trató de congraciarse incluso con el entonces gobernante Donald Trump.
El pueblo hondureño, al cual JOH declaraba proteger y servir, era aquel tercero afectado por la colusión. Después de sus ocho años de mandato y descarados manipuleos de la ley para reelegirse, dejó un país en el que la pobreza pasó del 60 a 73 por ciento, y la deuda interna, del 29 al 51 por ciento del producto interno bruto y con un grave deterioro de la inseguridad. Las caravanas migrantes del 2018 fueron el reflejo de la catástrofe.
Hernández adujo inocencia y argumentó, en su defensa, las numerosas capturas de extraditables, así como los decomisos de droga y el apoyo a la agencia antidrogas estadounidense. No obstante, en los interrogatorios de la fiscalía fueron notorios los rodeos, las inconsistencias y también la aparente amnesia respecto de las ocasiones en que se reunió con capos hondureños, los cuales, por cierto, tenían su principal radio de operación en el área fronteriza con Guatemala, lo cual, de por sí, debería originar un seguimiento.
En efecto, no son poca cosa sendas capturas, confesiones y condenas de dos expresidenciables guatemaltecos, Mario Estrada, por narcotráfico, y Manuel Baldizón, por lavado de activos provenientes del trasiego. Los nexos económicos y políticos de este tipo de convictos deberían ser indicios para abrir pesquisas, sobre todo cuando suceden hechos que cambian la coyuntura. El 4 de abril del 2019, el entonces presidente Jimmy Morales se reunió con Estrada en su finca de Jalapa. Comieron “gallina con loroco”, según dijo. También asistieron dos ministros y diputados del partido UCN, hoy desaparecido. El 17 de abril Estrada fue detenido en Miami. El Ministerio Público, ya bajo la dirección de Consuelo Porras, inició una investigación pero no se supo del resultado. En todo caso, es innegable que los grupos de narcotráfico buscan espacios de influencia y poder público a través del financiamiento ilegal de campañas electorales, sobre todo en municipios del litoral o fronterizos, así como coludir diputaciones, y prueba de ello es el excongresista Armando Ubico, quien ya tenía una sentencia por narcotráfico en Estados Unidos y a pesar de ello el TSE admitió su candidatura por el partido Todos. Hace un año, EE. UU. solicitó su extradición, por cargos de proteger cargamentos. Está prófugo desde entonces.
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