La sentencia a 50 años de prisión inconmutables para Jorge Rafael Zea, por el femicidio de su esposa, Luz María López Morales, cometido en enero de 2021, cierra un histórico proceso judicial en el que se presentaron evidencias, declaraciones de peritos, videos y testimonios de familiares. Fue duro escuchar las difíciles circunstancias de violencia padecidas por la víctima a manos de una persona que juró ante Dios amarla, honrarla y velar por su bienestar. Y es allí donde este caso, que refleja decenas o cientos de tragedias similares, puede sentar precedentes en la prevención, investigación y castigo de tales agresiones.

Aunque el juicio se desarrolló más de año y medio después de la captura del principal sospechoso, las pesquisas de la Fiscalía se efectuaron con profesionalidad, precisión técnica y fueron expuestas de manera objetiva ante la judicatura correspondiente. No repetiremos aquí los detalles dantescos del hecho, por respeto a la familia de Luz María, cuyo pesar es incalculable y el fallo contra el victimario representa apenas un pequeño alivio de que el caso no quedará en la impunidad, como sí ha sucedido con cientos de muertes violentas de guatemaltecas.

El lamentable caso de Cristina Siekavizza, desaparecida hace una década, es un ejemplo de cómo el tráfico de influencias y litigio malicioso pueden entorpecer un proceso judicial. Su esposo, el principal sospechoso, nunca enfrentó juicio y falleció en prisión preventiva después de haber permanecido años fuera del país con ayuda de familiares. Pero no es el único hecho con extrañas distorsiones. Por ejemplo, el futbolista Marco Pappa fue sentenciado en febrero a cinco años de prisión por violencia contra la mujer, pero el 5 de octubre último salió porque una sala de Apelaciones le redujo la pena a 60 días conmutables, similar a otra anterior.

Nadie debe transigir, apañar o solapar ninguna forma de violencia verbal, psicológica o física contra la mujer. Un lamentable promedio: según reportes, entre enero y agosto de 2022 fueron asesinadas 55 mujeres cada mes, una cifra mayor a la del 2021 y que continuará creciendo en tanto y en cuanto persista la sensación de indiferencia social e impunidad judicial para esta clase de delitos.

Este descuido hacia las víctimas de violencia abarca también a los diputados de la actual legislatura, quienes sin ningún miramiento les redujeron el 75% de presupuesto a los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus), un auténtico acto de depravada indolencia o de completa ignorancia sobre esta realidad homicida. Cada año ha sido ilógicamente difícil la tarea de rogar a diputados para conseguir tal asignación a fin de atender a madres y niños en todo el país.

Existe también un desperdicio de recursos cuando se utilizan jueces, fiscales y agentes policiales para cumplir medidas ordenadas a favor de funcionarias, exfuncionarias y políticas que pervierten a su favor la Ley de Femicidio y se hacen pasar por víctimas cuando se fiscalizan los actos de su gestión, no por ser mujeres, sino por su ejercicio público, pagado con recursos de todos los guatemaltecos. Esas personas exhiben su total desprecio por el sufrimiento de víctimas reales que incluso podrían verse privadas de recibir atención inmediata de autoridades ocupadas por sus inmorales requerimientos. Pero en esos casos sí vuela para actuar el MP y se recurre a tal paradoja porque en mayo de 2020 —ocho meses antes de ser ultimada— Luz María López acudió a la sede central de dicho ente a poner su denuncia, pero no se la recibieron porque le dijeron que “le correspondía denunciar en donde ella vivía”.