Ninguneo total. Solo así puede considerarse la decisión de una mayoría de magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad de mandar a engavetar, en lugar de discutir, razonar y resolver a la brevedad varias impugnaciones interpuestas por ciudadanos, juristas y empresarios en contra de algunos artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) modificados en 2016 por el Congreso. Algunos de esos cambios, formulados a la carrera por diputados, de manera parcial y sin plazos de seguimiento, vulneran derechos constitucionales como la Libre Emisión del Pensamiento, de Acción y de Asociación.

Durante la reunión del pleno de la CC del 18 de enero se declararon sin lugar dos acciones legales contra las reformas. No fue una decisión unánime. El magistrado Roberto Molina Barreto razonó su voto en contra de la decisión y refrendó su ponencia de que era necesario evaluar “la inconstitucionalidad” de algunas de las modificaciones de 2016 sobre el sistema partidario y la ciudadanía, para potenciar la participación y la pluralidad política. Además subrayó que peticiones como estas “son las propicias para que este Tribunal, en su deber de resguardar el Estado Constitucional de Derecho, realice las equiparaciones pretendidas, pues pueden existir medidas legislativas —como en el presente caso— que ameritan una revisión periódica de su eficacia y necesidad”. Los otros magistrados integrantes del pleno y quienes votaron por desechar los recursos fueron Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Josefina Ochoa Escribá, Leyla Susana Lemus Arriaga, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Rony López y Luis Rosales. Se aplazó la discusión de otros recursos.

En la plenaria del 26 de enero, al analizar otras cuatro acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la Lepp. Otros dos magistrados, Rony López y Luis Rosales, razonaron y se sumaron a la postura de Molina Barreto, de manera que una eventual votación quedaría 4 a 3, lo cual acrecentaba la posibilidad de que por un solo voto alguno de los recursos fuera otorgado y con ello suspendido alguno de los artículos impugnados. Ante ese temor, varios magistrados afines al oficialismo optaron por suspender la sesión.

Es allí donde ocurre un inusual y sospechoso giro en el abordaje del tema: el 30 de enero, el pleno le retira la facultad de ponencia a Molina Barreto, quien había propuesto abordar los recursos de inconstitucionalidad, y se la entrega a Leyla Susana Lemus, ex secretaria general de Alejandro Giammattei. Después se decide “acumular” los casos, un recurso legalista mediante el cual se coloca en una misma gaveta o más bien en la misma pausa indefinida los expedientes 55465-2022, 6350-2022, 5395-2022 y 5063-2022, en los que se solicita la revisión de restricciones a la campaña anticipada, el financiamiento electoral y la propaganda política. Este es el ninguneo a las solicitudes avalado por Lemus, Pérez Aguilera, Ochoa Escribá y Vásquez Pimentel. Por su parte, Barreto anotó su disidencia con el argumento de que se retrasa la resolución de temas trascendentales en año electoral y con ello “se evita darles certeza jurídica a los comicios”.

Interponentes de recursos como la Liga ProPatria infieren en esta decisión un conflicto de intereses por afinidad oficialista, además de señalar que la acumulación es improcedente porque cada recurso expone argumentos y reclamos distintos.

La CC no ha respondido cuáles son los fundamentos legales para mantener esa acumulación y sobre la fecha en que resolverá los amparos; sin embargo, más de una semana después, su silencio es otro ninguneo a la ciudadanía.