EDITORIAL
Casos, cosas, tiempos, vindictas y raseros
La única forma de balancear la perspectiva de la Fiscalía es exhibir de inmediato resultados tangibles del fraude B410 o de casos de obras inconclusas, incumplimiento de contratos o compras lesivas como las vacunas rusas.
Diversos sectores productivos guatemaltecos han expresado su tácita preocupación por el trasfondo del operativo del Ministerio Público en una firma de auditores vinculada con familiares del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, apenas dos días después de que este señalara estar enterado de posibles pesquisas en su contra. Este último extremo fue negado por el fiscal Rafael Curruchiche, quien, con obvio tono de sorna, ya utilizado en casos previos, se manifestó “extrañado” por la queja anticipada del superintendente, a la vez que descalificó a varios medios de prensa que cuestionan al MP, señalándolos de ser por ello afines al Gobierno, una observación que, sin querer, denotó clara animadversión.
Sí, de haber indicios de la comisión de un delito, la Fiscalía tiene la obligación de efectuar las diligencias necesarias, afirmó el fiscal; en el caso de los allanamientos —que confirmaron el anuncio del superintendente— la pesquisa venía de tiempo atrás. Lo llamativo es que se haya hecho pública a casi cuatro meses de la denuncia del caso de defraudación tributaria B-410, presentada por el jefe de la SAT y que involucra a similar número de empresas, muchas de ellas ficticias, con dirección falsa, sin maquinaria, sin empleados y, pese a ello, contratadas para ejecutar cientos de millones de quetzales en proyectos durante la gestión de Giammattei Falla.
Hasta ahora se desconocen los resultados de allanamientos divulgados por el MP en agosto, y no existe ninguna sindicación, a pesar de haber transcurrido ya cuatro meses. Eso es lo que levanta suspicacias sobre las prioridades del ente perseguidor al presentar súbitamente este caso que vincula a familiares del superintendente de Administración Tributaria.
En otro caso, relacionado con la acelerada cancelación del partido Semilla por mandato del juez Fredy Orellana, que cumplió el registrador de Ciudadanos —quien seguramente conoce los procesos en contra de antecesores que se negaron a cumplir órdenes anteriores—, también resulta muy llamativa la misiva enviada por una fiscalía al Tribunal Supremo Electoral para conminarlo a refrendar la cancelación unilateral, presión que fue rechazada por la presidenta de este órgano, Blanca Alfaro, al señalar que, en materia electoral y de partidos políticos, ellos son la autoridad suprema y deben correr las audiencias y ventilar los recursos que sean planteados contra la decisión del Registro. La duda es: ¿Por qué no se tuvo esa celeridad y énfasis para cancelar al narcopartido UCN?
En todo este rimero de cosas y casos, en el cual hay acciones que parecen vindictas y situaciones que denotan dobles raseros, se debe demandar absoluto respeto a la institucionalidad constitucional, que marca límites a los actos de cualquier servidor público. Los patrones de acción y resultados también son elocuentes: la secuencia de fallos favorables a exfuncionarios y politiqueros señalados de corrupción, incluyendo exconvictos como Manuel Baldizón, demuestra cierta laxitud, por no decir debilidad del MP en determinados casos, que contrasta con la vehemencia de otros en los cuales el tiempo de prisión preventiva sin sentencia se prolonga más allá de la posible pena, como en el caso del periodista Jose Rubén Zamora.
La única forma de balancear la perspectiva de la Fiscalía es exhibir de inmediato resultados tangibles del fraude B410 o de casos de obras inconclusas, incumplimiento de contratos o compras lesivas como las vacunas rusas. Son indicios monumentales que ya almacenan polvo de años y contrastan con causas aceleradas de súbito.
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