Editorial
Caso B410 demostrará a quién sirven MP y OJ
El caso B410 se perfila como un saqueo más execrable, sucio y culposo que La Línea de 2015.
Es abyecto, inicuo y afrentoso el multimillonario y continuado fraude perpetrado, en conjunto, por más de 400 empresas apócrifas y destapado por la Superintendencia de Administración Tributaria, denominado caso B410. Por la dimensión inédita del escándalo, sus ramificaciones operativas, los montos involucrados y contratos con el Estado, además de previsibles nexos con exfuncionarios o allegados, es de esperar acciones concretas, efectivas y claras para deducir responsabilidades. Ayer hubo algunos allanamientos de la Fiscalía de Delitos Económicos relacionados con el asunto, que obviamente va más allá de una evasión impositiva.
Cuesta creer que ninguna fiscalía tuviera indicio alguno de esta actividad ilícita, que se dio, sobre todo, de los años 2021 a 2023, según la SAT. Hubo masivos retiros y traslados de dinero en efectivo, sobre los cuales tuvo que haber alertado la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos. Cabe investigar si en efecto se emitieron y por qué no fueron atendidas, o si en la IVE hubo omisos en cuanto a estos movimientos. La entidad o entidades bancarias —no reveladas por la SAT— que operaron tales flujos deben colaborar para dar con los autores materiales e intelectuales de esta defraudación a gran escala.
El equipo de la SAT, dirigido por Marco Livio Díaz, cumplió con su deber para con el pueblo de Guatemala, incluso arriesgando su integridad física y la de su familia. El superintendente denunció amenazas de muerte recibidas en los días previos a la divulgación de este esquema de defraudación, las cuales deben ser investigadas con celeridad. Es obvio que esta mafia pretendía mantener en impunidad su proceder desfachatado, y ello lleva a preguntar si acaso es un factor más detrás del asedio contra la democracia y la intentona de impedir el relevo de mando.
Este suceso se perfila como una auténtica espada de Damocles sobre la gestión de Consuelo Porras al frente del MP. Recientes y consecutivos fracasos judiciales en procesos contra exfuncionarios, políticos, operadores que trafican influencias y exdiputados, cuyos casos se han caído, contrastan con la persecución puntillosa contra exfiscales a cargo de varios de esos mismos hechos. De nuevo, quizá no se esperaba que el B410 trascendiera a la opinión pública, y menos con una precisión técnica, detallada, esquematizada y documentada a cargo de una entidad que solo puede ver el lado fiscal de este témpano.
Por el otro lado está el Organismo Judicial, en el cual la SAT presentó la denuncia por defraudación continuada. No basta un arreglo amistoso y que se barra la basura bajo la alfombra, pues sería un precedente nefasto en el área impositiva. Son las ya mencionadas ramificaciones políticas, fidelidades subrepticias, conflictos de interés y pactos de impunidad al mejor postor las preocupaciones que saltan a la vista, sobre todo al observar la conducta de 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados integrantes de la postuladora de magistrados (sí, vale la redundancia) y representantes del Colegio de Abogados y Notarios ante esta instancia, que se empecinan en crear dilaciones y favorecer laxos criterios de selección.
El caso B410 se perfila como un saqueo más execrable, sucio y culposo que La Línea de 2015, pues involucra compras públicas por más de Q4 mil millones, cuya entrega de bienes y servicios está en entredicho, pero sobre las cuales no había ninguna denuncia de las dependencias ejecutantes. La Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación ya se suman a las pesquisas que la ciudadanía exige con justa y enérgica indignación.
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