Editorial
Cárceles: nada nuevo en 5 gobiernos y 50 días
La primera acción diferenciadora sería iniciar la transformación del SP con acciones sistemáticas distintas.
Una de las más grandes farsas burocráticas de seguridad en la última década fue la llamada Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024, cuya primera y notoria falsedad es que no fue lanzada sino hasta el 2015, en el último año de gobierno del malhadado Partido Patriota, cuando el ministro de Gobernación era Mauricio López Bonilla, desde hace mucho tras las rejas.
Los problemas diagnosticados en la propuesta del plan no eran nuevos. Desde hacía una década eran vox populi el hacinamiento, los datos dudosos de identidad, ubicación y clasificación de reclusos, así como la falta de una carrera penitenciaria y de controles eficientes en el ingreso de visitas. La Ley del Sistema Penitenciario (SP) se aprobó en el 2006, cuando su director era Alejandro Giammattei. La norma fue inaplicable, porque el reglamento del SP recién se aprobó años más tarde, en el 2011.
En todo caso, la “reforma” tuvo, además de su lanzamiento tardío, un presagio de la siguiente década perdida en la materia: en septiembre del 2014 se produjo la captura de funcionarios del SP, incluido el entonces director Édgar Camargo, acusado de pertenecer a una estructura de sobornos para el ingreso de ilícitos a las prisiones, un contubernio que llegó a alcanzar niveles abyectos con la trata sexual de adultos y menores a requerimiento de internos de alta peligrosidad. Camargo responsabilizó a la extinta Cicig al esgrimir que el caso era “político”. En el 2018 fue condenado a 11 años de prisión. Es obvio que no hubo avances en los mandatos de Jimmy Morales y Giammattei. La mejor prueba de ello son las recurrentes y publicitadas requisas que siempre encuentran celulares, equipo de internet, electrodomésticos, licores, armas, drogas y listas de extorsión.
En 50 días del gobierno de Bernardo Arévalo y de la gestión de Francisco Jiménez al frente de la cartera del Interior se han efectuado más requisas carcelarias con los usuales hallazgos de períodos anteriores. Los centros de detención ni siquiera tienen directores, puesto que son guardias los que se rotan para desempeñar dicha función. El caos perdura y no hay a la vista acciones novedosas, ni siquiera un cambio de rumbo respecto de la línea gubernamental previa. De hecho, el director del SP fue asesor cuando López Bonilla era ministro, y titular de servicios de seguridad privada en el gobierno de Morales. Aún está por verse cuál es la diferencia en sus planes.
En febrero, la cartera de seguridad anunció que daría continuidad al proyecto de cárcel de “máxima seguridad” en Escuintla, adjudicado en el 2022 con un pésimo precedente: fue cedido a rajatabla a una empresa mexicana señalada de corrupción en lugar de abrirse un concurso internacional o de plantear una visión integral y ejecutar una auténtica reforma en Presidios. Continúa el ofrecimiento de buenos resultados; no obstante, las prácticas son las mismas.
La primera acción diferenciadora sería iniciar la transformación del SP con acciones sistemáticas distintas: clasificar y reubicar de manera adecuada a los reclusos de alta peligrosidad, dotar de recursos y personal a los programas de rehabilitación, emprender la depuración de la Guardia Penitenciaria e implementar una gestión por resultados. No se trata de una bukelización carcelaria, porque eso también es un parche. Se requiere de una asesoría internacional que ha estado disponible desde hace años, pero que a ningún gobierno anterior le ha interesado, porque ello significa acabar con un jugoso botín de enriquecimiento ilícito y discrecionalidad criminal.
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