El 14 de septiembre, con todo y alerta sanitaria, el país se aprestaba para conmemorar los 199 años de Independencia, sin desfiles ni caravanas de antorchas, pero sí con algunas actividades cívicas que recopilan todo un ideario nacional; se yuxtapusieron los discursos de autoridades en actos cívicos que evocaron valores constitucionales.

Pero lejos, muy lejos de esta recordación, en el kilómetro 204 de la carretera a Esquipulas, Chiquimula, eran localizados los cadáveres de tres mujeres, con plásticos en la cara con los que fueron asfixiadas y señales de tortura. Sus nombres se pierden en el maremágnum de crímenes que enlutan a las familias. No eran las primeras féminas ultimadas este año y desgraciadamente tampoco fueron las últimas. El caso reciente más sonado es el de Litzy Cordón, estudiante universitaria de Zacapa que fue secuestrada y, desgraciadamente, localizada sin vida esta semana. El crimen desató repudio local y nacional.

La muerte de cada ciudadano por causa de la delincuencia es una afrenta a todos los guatemaltecos; las muertes de mujeres son un insulto repetido a las garantías plasmadas en la Constitución de la República, que comienzan por el derecho a la vida, y a una vida digna. La persecución policial y penal de estos delitos debe constituir una prioridad del sistema de justicia y no un motivo de excusas o justificaciones. Son esas excusas o justificaciones las que dejan campo abierto a los agresores de mujeres y a las bandas del crimen organizado que desechan las vidas sin miramientos, como si se tratase de objetos de descarte, con total impunidad.

La violencia doméstica contra mujeres registró alzas durante los meses de confinamiento, y prueba de ello fue el crecimiento en el número de denuncias. Sin embargo, en lugar de agilizar los procesos para asegurar su integridad o bien el castigo a los agresores, aumentó la mora judicial de ese tipo de casos, debido a la suspensión de audiencias, por causas sanitarias. Como si el coronavirus hubiera agravado el estado crónico de la impartición de justicia, en detrimento de las víctimas.

Por otra parte, el 30 de septiembre último se produjo un giro repentino en uno de los casos emblemáticos de violencia contra la mujer: a petición del Ministerio Público, el ente perseguidor, se aceptó un “criterio de oportunidad” para cerrar el proceso contra la exmagistrada Ofelia de León, señalada de haber intimidado a la empleada doméstica Petrona Say, quien fue testigo clave en el juicio contra su hijo, Roberto Barreda, fallecido por covid y principal sospechoso de la desaparición de Cristina Siekavizza. Inicialmente se buscaba un resarcimiento de Q8 mil para Say, el cual se redujo a Q4 mil y finalmente quedó en Q1 mil. Las palabras sobran y las cifras se vuelven paradojas.

De ahí que se haya arrancado este editorial con la escena de la efemérides patria, que no debería ser ocasión de trilladas palabras y ceremonias llenas de protocolo pero vacías de compromiso. A las puertas de un bicentenario de independencia, la causa de la defensa de la vida, la integridad y el respeto a las guatemaltecas debería ser un objetivo común, cuyo incumplimiento no solo golpea el tejido social, sino la fuerza productiva y el potencial económico. Solo cabe cerrar con un detalle adicional: cerca de uno de los cuerpos de las víctimas de Chiquimula fue abandonada una bebé menor de un año, hija de una de ellas. Pasó llorando durante horas bajo la lluvia. Fue rescatada y puesta bajo resguardo.