Con pompa y discursos se anunció, el 12 de octubre del 2020, es decir, hace un año, dos meses y cuatro días, que había comenzado la medición de tierras para solventar, de manera negociada y legal, la disputa territorial entre pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, municipios de Sololá. Dicho diferendo tiene más de siglo y medio de antigüedad, pero a pesar de ello los gobiernos de todo tipo han sido incapaces de resolverlo de manera definitiva, debido a una mezcla de desinterés, discriminación, interrupción de procesos y crasa incapacidad dialógica.

Trece muertos, entre ellos tres menores de edad y un agente de la Policía Nacional Civil, arrojó esta disputa, cuya dantesca dimensión se descubrió ayer y que puede ser considerada estéril, vergonzosa y absurda. Sin embargo, los mismos adjetivos también pueden aplicarse a los fracasos gubernamentales en su resolución, incluyendo el intento que encabezara formalmente el vicepresidente, por delegación directa del presidente, el cual a todas luces no va por buena ruta, al menos de acuerdo con la dimensión brutal de la matanza cometida.

Hace tres meses, los alcaldes de Nahualá e Ixtahuacán lanzaban el llamado y la alerta: ellos buscaban una salida negociada, pero recién el 21 de septiembre se reiniciaban las escaramuzas a balazos entre supuestos pobladores. Los ediles cabildeaban apoyo de las autoridades de Gobernación para poder atajar posibles acciones violentas y generar tranquilidad para las comunidades. Como suele pasar, la gran propuesta del Ejecutivo fue la integración de “mesas técnicas”, término que en la práctica se ha convertido en un eufemismo de dilación. Y acerca de las mediciones geolocalizadas del 2020, ni una palabra.

Es evidente que no se ha desarrollado un trabajo eficiente de inteligencia y que la nueva división de linderos, de común acuerdo, sigue siendo una utopía. Pero por otra parte, entra en juego un factor que se ha mencionado desde hace más de una década: la posible intervención de mafias, interesadas en mantener la zozobra, el atraso y el temor en esa región. Cabe recordar que ambos municipios se encuentran dentro de los de menor índice de desarrollo humano del departamento de Sololá, lo cual incluye fuertes deficiencias en infraestructura vial, educativa y de salud, pero que conectan la bocacosta con el Altiplano, es decir, abarcan una región estratégica que bien puede ser utilizada para todo tipo de trasiego.

El acceso a armamento y el evidente sentido de impunidad con el cual actúan los protagonistas de los enfrentamientos lleva de inmediato a suponer que no se trata de simples labriegos. El asesinato a sangre fría de tantas personas va mucho más allá de animadversiones territoriales, constituye un claro mensaje de intimidación para las comunidades y una advertencia para el Estado, cuya tibieza agrava las consecuencias. No se trata tampoco de generalizar o de criminalizar a los pobladores, pero sí de atender las causas de este ensañamiento inhumano.

Finalmente, pero no menos importante, es necesario llevar el desarrollo a estos municipios. Para empezar, se deben completar las conexiones pavimentadas entre Suchitepéquez y Sololá; por ejemplo, entre la aldea Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán —donde termina la carretera asfaltada— hasta la ruta Interamericana, porque es ese carácter remoto y olvidado el que más facilita el actuar de grupos oscuros y el que más entorpece la llegada de la fuerza policial, como ocurrió, tristemente, en la masacre reciente.