Desde el mismo momento en que se abrió para el país la mínima posibilidad de recibir vacunas contra el covid-19, se debió crear con seriedad y eficiencia técnica un plan para monitorear y auditar la administración de estas, no solo para un aprovechamiento óptimo del recurso, sino como una elemental medida de consideración y seguridad para el gremio médico. Si bien se ha priorizado al personal de los hospitales públicos, el siguiente grupo de atención son los facultativos del sector privado.

La adquisición gubernamental de vacunas ha exhibido su atraso, y sobre la llegada de los pedidos comprados nadie aventura fecha. Gracias a la generosidad de los gobiernos de Israel e India se cuenta con donaciones para inocular a 2,500 y cien mil personas, respectivamente. Lo lamentable es la desorganización e imprevisión de Salud, al punto de que se comenzaron las jornadas con la anotación en listas manuscritas de los recipiendarios de dosis.

Dos días después de iniciada la campaña de inmunización del personal, que precisa de un estricto control de seguridad sanitaria, empezó la capacitación a los estadígrafos en el manejo del Sistema de Información Gerencial de Salud. Se pueden argüir excusas, pero es obvio que privó la ausencia prospectiva. Anoche mismo se notificaba el aplazamiento de vacunación en algunas áreas, debido a “fallas en el sistema informático”.

Por otra parte, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala cuestionó el requerimiento ministerial de que cada agremiado debía llenar formularios, una medida burocrática que, si bien puede ser necesaria, solo exhibe una nueva improvisación, pues debió organizarse semanas atrás. El Gobierno ha lanzado ya una campaña de promoción en la cual se anuncia, con tono optimista, que la vacunación está en marcha. Lo paradójico es que todavía no se divulgan las directrices que guiarán el proceso masivo.

Después del personal médico y de enfermería, estatal y privado, siguen los cuerpos de socorro, agentes de la Policía Nacional Civil y otros entes de atención a emergencias. Después de ellos se amplía, previsiblemente, el radio de alcance, y por ende la cifra de personas. Ello trae la necesidad de conformar y dar a conocer un padrón claro, por grupos de edad, por nombre, documento de identidad, localidad y criterios de riesgo certificados, algo que no se puede configurar en dos días.

Los vacíos y ambigüedades del proceso acrecientan el riesgo de aplicaciones ilícitas de la vacuna, sustracciones de fármaco o descontrol sobre su uso. Si bien la ministra de Salud ha aclarado que no se administrarán dosis por excedencia, a nadie, casos ocurridos en países como Perú o Argentina muestran que el uso de privilegios o influencias no puede descartarse del todo, máxime si la auditoría de existencias es tan endeble.

La pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo y ello sirvió de excusa para distintos gobiernos. Está por cumplirse un año de su llegada al país, desde que se tomaron diversas medidas de emergencia cuya efectividad se juzga desde el atenuante del poco tiempo que se tuvo para reaccionar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la vacuna. Mínimo, para poder promocionarla tácitamente como un avance, sería necesario y digno presentar las nóminas para su aplicación de acuerdo con criterios epidemiológicos y etarios.