El año podría terminar con un crecimiento del sector construcción cercano al 5% en el último trimestre, lo cual a su vez empuja a toda la economía del país, en lo que se vislumbra como un horizonte de afortunada recuperación que puede tener importantes ecos en la demanda de crédito, el área de servicios y también en el consumo, dada la cantidad de empleos generados por la edificación de obras para residencias, oficinas, comerciales o usos mixtos, no solo en la capital, sino también en ciudades intermedias.

El respaldo de las autoridades del Gobierno, las municipalidades y también del Congreso de la República es necesario para que este auge no sea solo un episodio pasajero, sino una tendencia que pueda ser sostenible en el mediano plazo, y con ello tenga mejor impacto directo e indirecto en los indicadores macroeconómicos pero también en el desarrollo social. Existen varios asuntos pendientes en manos del Estado que, de continuar relegados, se convertirán en lastres mayores. Resaltamos cinco de ellos.

Los planes de ordenamiento territorial son una especie de fantasma para muchas municipalidades: asustan a los alcaldes; se sabe que existen, pero no aparecen claramente definidos. Varias cabeceras departamentales del país, incluyendo algunas de las más pobladas y en franco crecimiento, carecen de planificación y, por ende, a largo plazo fomentan la creación de áreas residenciales de una sola entrada y salida, sin posible interconexión periférica, que redunda en graves problemas de tránsito. A esto se suma la coexistencia de zonas domiciliares con fábricas o la instalación de viviendas en áreas vulnerables o que tienen vocación forestal, sin que nadie prevea un control.

En segundo lugar, la falta de proyectos viales visionarios. El actual gobierno se jacta de alta inversión en vías, pero no ha desarrollado una sola obra eficiente de gran dimensión, como podría ser el anillo regional metropolitano, el cual reduciría drásticamente los congestionamientos en calzadas capitalinas, que se deben en gran medida al transporte desde o hacia los puertos y fronteras, que bien podría rodear la capital, con notorio ahorro de tiempo, combustibles y costo de oportunidad.

Tercero: incentivos fiscales y estrategias de estímulo para la adquisición de vivienda popular, ya sea a ras de suelo o en proyectos verticales. Los proyectos de financiamiento estatal quedaron anclados en la década de 1990, a causa de casos de corrupción y politización, pero se deben replantear bajo estrictos controles de eficiencia y transparencia.

En cuarto lugar, el Congreso debe aprobar las leyes que agilicen las alianzas público-privadas que aseguren mejor calidad en las obras, menor tiempo de construcción, certeza jurídica para los inversionistas y garantías de mejor conectividad vial para los usuarios. Este ordenamiento ha sido largamente esperado, pero intereses opacos y operadores oscuros se afanan en entorpecerlo.

Quinto, pero no menos importante: desarrollar un ordenamiento positivo de ecología humana que asegure recursos básicos como la provisión de agua, la disponibilidad de áreas verdes y un adecuado manejo de desechos sólidos y líquidos. En otras palabras, crear una cultura de legalidad ambiental que apunte a calidad de vida sostenible, pero para ello se requiere aprobar una ley de aguas, defender las reservas forestales y transparentar las autorizaciones de proyectos habitacionales o urbanísticos en igualdad de condiciones.