Si bien los 13 puestos de la Corte Suprema de Justicia son objeto de disputa entre poderes y sectores, la elección de magistraturas para salas de Apelaciones constituyen un apetecido botín de influencia política y jurídica, que puede tener un enorme impacto directo en procesos por corrupción que involucran a exgobernantes, exfuncionarios, exdiputados, partidos políticos, dirigentes, financistas y operadores señalados de ilícitos que en este momento buscan incidir en el proceso de postulación para poder colar a allegados en la nómina final.

Esa es la razón por la cual ciertos integrantes de postuladoras se afanan por intentar rebajar las notas mínimas, a fin de lograr que sus alfiles pasen a la siguiente ronda. En la postuladora de Apelaciones, el trasiego de influencias apunta a exhibir aún más desfachatez y complacencia relativista. Un ejemplo de ello fue el contubernio para dejar fuera, sin mayor discusión ni análisis, los señalamientos planteados por ciudadanos y grupos civiles en contra de 78 candidatos a magistrados de Apelaciones. De 37 comisionados, 19 —es decir, la mitad más uno— votaron a favor de atender las advertencias, pero al final todas las objeciones quedaron fuera, porque según el reglamento de la comisión se necesitan 25 votos para admitirlas.

Ese criterio tan displicente debería ser reconsiderado, porque las postuladoras no fueron concebidas como agencias de empleos judiciales ni tramitadoras de conveniencias sectoriales, pese a que así parecieran creerlo determinados representantes, cuyos nombres y los de las instituciones universitarias que representan quedan registrados para la historia, sobre todo en una etapa tan crucial del devenir nacional.

Entre los señalamientos desechados con un levantón de mano figuran jueces y magistrados que se plegaron a los intereses del oficialismo anterior o personajes que se encuentran en claros conflictos de interés, situaciones que no deberían ser toleradas por los postuladores, puesto que su papel es el de exigir perfiles idóneos, y no el de allanar candidaturas opacas.

Queda claro también que hay integrantes de la postuladora que afrontan señalamientos de posibles nexos con casos de corrupción en cargos previos y que obviamente apuntan a tener colocados en salas a magistrados afines que puedan eventualmente entorpecer o revertir procesos: un cruce de favores que resulta afrentoso para la ciudadanía y dañino para el estado de Derecho.

A las puertas de que se conozca la evaluación hecha por la Asociación de Jueces y Magistrados, se hace necesario que los postuladores de salas de Apelaciones se percaten de que la atención pública está centrada en ellos y sus acciones. Es probable que algunos crean que estamos en el 2014, cuando ciertos dirigentes políticos, hoy prófugos o procesados, creyeron tener la potestad de recetarse un poder judicial configurado a la medida de sus afanes de impunidad.

La expectativa de justicia en todos los órdenes de la vida nacional es enorme; la misión delegada en las comisiones postuladoras es sagrada y ha sido defendida por una parte de sus integrantes, que han actuado con entereza, dignidad y respeto. La transformación nacional para lograr un país competitivo requiere de certeza jurídica, transparencia y convicción ética: requisitos que no deben ser negociados, cedidos ni empeñados nunca más por nadie.