EDITORIAL
Arrendamiento vencido y moroso en La Aurora
El inquilino moroso puede y debe ser desalojado, incluso con la ayuda de la fuerza pública.
Ya que está de temporada la evaluación de acciones, decisiones u omisiones de togados, empecemos por el nombre del juez noveno de Primera Instancia Civil, Federico Maza González-Campo, quien el 29 de marzo de 2019 falló a favor de la empresa Media Airport System y le otorgó medidas cautelares para seguir manejando a su antojo la instalación de publicidad en áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora. Dicha empresa firmó un contrato de arrendamiento en 2013, el cual tendría cláusulas lesivas, durante el gobierno del nefasto partido Patriota. Pero desde 2014 no ha pagado el arrendamiento y adeuda a la fecha más de Q36 millones, y aún así continúa manejando la publicidad y cobrando por ello.
En junio de 2016, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependencia del Ministerio de Comunicaciones (CIV), a cargo del Aeropuerto, resolvió rescindir el contrato, dado el incumplimiento de pagos. Sin embargo, el inquilino, a pesar del impago, interpuso una demanda contra el CIV, la cual no prosperó pero sin duda alguna funcionó como táctica dilatoria para prolongar el litigio. Cualquier juez responsable y con dos dedos de frente habría notado la lesividad, debido al abultado y creciente adeudo, así como el uso continuo de los espacios aeroportuarios.
En abril del 2019, dicho juez otorgó medidas precautorias que le han permitido a la susodicha empresa el acceso al Aeropuerto sin restricción, así como la renta de espacios bajo criterios de total prepotencia, pues cualquier otro inquilino que se pase unos centímetros de su área recibe acres reclamos y hostigamiento. La sospechosa e injustificable medida de Maza bloqueó cualquier acción de la DGAC, pues la obliga a abstenerse de “limitar los derechos del arrendatario; todo bajo apercibimiento penal”.
Se desconocen las razones por las cuales la Dirección de Aeronáutica Civil no impugnó tales medidas dentro del plazo establecido y se quedaron vigentes por tiempo indefinido. En noviembre de 2022, la institución presentó un juicio de desahucio y cobro de rentas atrasadas contra la empresa, pero esta se niega a recibir la notificación, sin que su accionar tenga consecuencias civiles o penales, dado el claro daño al erario y al patrimonio físico del Estado de Guatemala. Utiliza esa jugarreta legal para seguir prolongando la estadía y ganando dinero sin pagar el adeudo.
Hace unas tres semanas, el 3 de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil presentó un memorial de levantamiento de las medidas precautorias, que obviamente se han prolongado de manera injustificada y sin revisión. No existe fundamento legal para mantenerlas vigentes, pero sí un aumento en el impago de la empresa. Dicha acción fue planteada al mismo juez Federico Maza, quien aún no resuelve.
Son de sobra conocidas y padecidas por ciudadanos las carencias del aeropuerto La Aurora, principal puerta de entrada al país de viajeros guatemaltecos, migrantes connacionales y, por supuesto, turistas extranjeros. Los ingresos esperados de contratos como el de marras podrían servir, en efecto, para implementar mejoras en las salas de espera, sistemas de revisión, sanitarios y recursos auxiliares como el internet inalámbrico, por mencionar algunos rubros. Por otra parte, dada la fecha de suscripción del contrato, este ya feneció, pues tenía vigencia de una década. El inquilino moroso puede y debe ser desalojado, incluso con la ayuda de la fuerza pública. Y si hace falta una orden judicial, es de esperar que el juez Maza enderece la acción.
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