Anam patrocina basura y desagües sin control
El Ministerio de Ambiente ya declaró que no habrá prórroga en la aplicación del reglamento, pero está por verse el temple del Ejecutivo.
Si cualquier alcalde es incapaz, irresponsable o indolente —por negligencia, necedad o simple y vulgar politiquería— ante dos de los más acuciantes problemas que amenazan la salud y la provisión de agua de su municipio, queda claro que no es idóneo para el cargo y que está ejerciendo sus funciones de manera distorsionada, al servicio de clientelismos estériles, egocentrismos vacuos o intereses opacos. El problema es mayúsculo si ese alcalde es respaldado en su despropósito por homólogos bajo el argumento de una interpretación falaz de la autonomía municipal.
La Asociación Nacional de Municipalidades —entidad de carácter privado— y presidida actualmente por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, ha reiterado recientemente su intención de buscar la suspensión total de dos reglamentos que intentan atender dos graves problemas ambientales del país: el reúso de aguas residuales y disposición de lodos de aguas servidas mediante plantas municipales de tratamiento —acuerdo gubernativo 236-2006— y el de tratamiento de desechos sólidos —acuerdo gubernativo 164-2021—. En otras palabras, los alcaldes que respaldan esa acción impulsan que haya desagües sin control y que la basura se siga acumulando sin procesar.
Sí, estimado lector, leyó bien: la normativa que estableció la instalación de plantas municipales de tratamiento de aguas está por cumplir 19 años de haber sido promulgada. Se creó en el 2006 y fijaba un plazo de cinco años para que los alcaldes se hicieran responsables de construirlas. La exigencia fue aplazada varias veces en sucesivos gobiernos, bajo pretextos de que las comunas no tenían recursos, aunque debajo estaba ese afán de congraciarse con la masa edil. Ahora, Siero ofrece sin ambages dar el golpe de gracia, pese a los graves efectos de la contaminación.
Sucesivos mandatarios y legislaturas también cargan con parte de la irresponsabilidad. En lugar de fortalecer las normativas y llevarlas hasta un acuerdo legislativo visionario de obligatorio cumplimiento, prefirieron dejarla en calidad de acuerdo ministerial. Es obvio que los oficialismos congresiles no querían comprometer a las alcaldías, como parte de ulteriores componendas electoreras, es decir, antepusieron sus propios intereses al bien común.
La Corte de Constitucionalidad rechazó en el 2024 un amparo, interpuesto por Siero, que pretendía suspender la vigencia de la ley de tratamiento de desechos sólidos. Sin embargo, la CC sí suspendió artículos que obligaban a las comunas a presentar los estudios para la construcción de plantas de tratamiento, con lo cual saboteó todo el proceso. El argumento fue que el acuerdo de 19 años de antigüedad era violatorio de la “autonomía municipal”, como si se tratara de feudos y no de regiones administrativas. Así las cosas, también la CC carga con la responsabilidad histórica de bloquear el saneamiento de cuerpos de agua y poner en riesgo el aprovisionamiento del recurso vital.
Lo más irónico y absurdo es que en cada campaña electoral tanto los alcaldes que buscan la reelección como aquellos que se anuncian como “alternativa” ofrecen mejorar el acceso al agua potable. De los 340 municipios del país, solo 84 cuentan con plantas de tratamiento, y no necesariamente son municipales, pues las hay de plantas industriales y condominios residenciales. Ningún alcalde que se precie de ser sensato debería avalar el despropósito de la basura y los drenajes sin tratar. El Ministerio de Ambiente ya declaró que no habrá prórroga en la aplicación del reglamento, pero está por verse el temple del Ejecutivo.
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