Como lo han advertido distintas instancias nacionales e internacionales, Guatemala se encuentra en un momento crucial para la defensa del estado de Derecho, que resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas definen como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia.

Conocedores del tema en Guatemala defienden que el estado de Derecho alcanza la perfección cuando, en lugar de la voluntad arbitraria de una o varias personas, impera el Derecho; es decir que todos los pobladores, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley.

El pulso que actualmente existe en el país por la elección y posterior juramentación del juez Mynor Moto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) empieza a rodear de sombras la designación de los diez togados que desde abril próximo integrarán esa alta corte por los próximos cinco años. El proceso no debe ser visto como una lucha normal de formas de pensamiento y de criterios para interpretar la Constitución, sino en realidad se trata de un enfrentamiento con el cual se busca ganar mayores cuotas de poder para así disponer infinidad de asuntos, incluyendo procesos judiciales en los que están señalados exfuncionarios o funcionarios, jueces ligados a estructuras criminales o partidos políticos representados en el Congreso que ven comprometido su futuro, por citar algunos ejemplos.

Los procesos y tiempos de las resoluciones judiciales deben ser respetados por todos los ciudadanos y funcionarios, electos o no, pues la misma Constitución establece en el artículo 153 que “el imperio de la Ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República”, y en el 154 señala que “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella”.

No someterse a las leyes y caer en procedimientos anómalos para desatender los fallos y tiempos judiciales solamente conduce a permitir que en Guatemala las decisiones y reglas sean dictadas por los grupos de presión o por el crimen organizado, haciendo así inexistente el estado de Derecho.

Aunque los temas relacionados con las leyes pueden parecer lejanos a la vida diaria de la mayoría de ciudadanos, el estado de Derecho y el desarrollo están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente, pues el primero es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Por esa razón, las violaciones a la ley no son las que deben enmarcar la elección de los futuros magistrados constitucionales, sino al contrario, los valores democráticos deben prevalecer para propiciar que la próxima Corte de Constitucionalidad mantenga un poder público balanceado en el marco de la ley, a fin de que exista certeza jurídica y estabilidad política para todos los guatemaltecos.