Editorial
Abuso y despilfarro corren por las plazas
El gobierno actual debió haber preparado y planteado, desde la transición y en los 10 meses que lleva, una iniciativa de ley integral, moderna, correctiva.
Sucesivos mandatarios y numerosos diputados se pasan las campañas electorales ofreciendo transparentar y recortar gastos en el Estado, combatir la corrupción, erradicar las plazas fantasmas, las contrataciones a dedo y los empleos temporales de “asesores” que luego hallan subterfugios hacia cargos permanentes o que exigen indemnización al finalizar el período para el cual accedieron laborar desde el inicio. En otras palabras, el desorden estatal, el carácter caduco de la Ley de Servicio Civil y la despreciable mezcla de negligencia con politiquería terminan agrandando la nómina de burócratas, sin mayores exigencias de rendimiento ni posibilidades rápidas de despido… porque allí aparecen jueces aquiescentes que aprueban reinstalaciones amañadas y lesivas.
El reclamo reincidente de sindicatos estatales —cuyos dirigentes gozan de amplios períodos improductivos “por pacto colectivo”— es que las plazas temporales se conviertan en permanentes, con demagogos discursos de derechos adquiridos pero permanentemente pagados con dinero de la ciudadanía. En el período de Jimmy Morales se anunció un supuesto censo de burócratas para analizar la pertinencia y eficiencia de áreas y plazas. Fue una pantomima anodina e intrascendente.
En el inicio de la gestión de Alejandro Giammattei, se hizo el amago de trazar una nueva ley para regir las contrataciones y condiciones de servicio de los trabajadores del Estado, pero todo fue una fantasmagoría. De hecho existen al menos ocho iniciativas engavetadas y ningún Ejecutivo ni ningún Congreso le ponen voluntad política. Solo las anuncian —para distraer—, las medio discuten —para disimular— y las dejan de lado, para alargar patrones clientelares y desfalcadores.
Basta ver el caso judicial de plazas fantasmas, que fue un fracaso para la Fiscalía, al ser finalmente anulado en favor de perínclitos mañosos. Pero la burocracia sigue su inercia, ya por falta de liderazgos, ya porque a ningún político le interesa. El gobierno actual debió haber preparado y planteado, desde la transición y en los 10 meses que lleva, una iniciativa de ley integral, moderna, correctiva. En lugar de eso solo discuten la posibilidad de nuevos parches a la Ley de Servicio Civil, que ya tiene más de medio siglo y decenas de vacíos legales.
El nombre Instancia de Modernización del Estado debería ser sinónimo de asertos integrales y no improvisaciones que más parecen un desaguisado o una broma de mal gusto. Actualmente se discute allí la propuesta de trasladar contratos 029 —temporales, figura que desaparecería— al 011 —empleados permanentes—, con el objetivo de reducir la discrecionalidad de plazas, al aumentar requisitos. El problema es que también crece el costo para los contribuyentes, para usted. El beneficio es incierto.
Si se propone tal cosa para evitar polémicas en el Legislativo, mejor harían en plantear una iniciativa digna y visionaria de Ley de Servicio Público. Ya que la instancia está integrada por el Ministerio de Finanzas (Minfin), la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP), la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), la hipotética iniciativa podría propiciar una nueva cultura de trabajo estatal, aunque no estaría libre de resistencias. Respecto de la propuesta citada, de llegar a un Congreso tan caótico y plagado de convenencieros, se corre riesgo de que la avale para legalizar más contrataciones para sus aduladores. Si lo que se busca es reducir la contratación discrecional, se debe normar con claridad, sin crear paliativos que pueden salir más caros que la enfermedad.
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