La confianza en la capacidad técnica, vocación de servicio y absoluto respeto al estado de Derecho son vitales para la seguridad pública a todo nivel. Desafortunadamente, desde que el expresidente Jimmy Morales y su ministro de Gobernación Enrique Degenhart decapitaran la cúpula policial, con el pretexto de una supuesta “oxigenación”, no solo debilitaron los índices de eficiencia que se llevaban en el combate de la delincuencia, sino que comenzaron a tolerar e incluso exhibir prácticas poco decorosas que pertenecían al pasado vergonzoso de la extinta Policía Nacional.

El 7 de octubre último se difundió a través de redes sociales un video en el cual un piloto en estado de ebriedad es agredido físicamente, en repetidas ocasiones, por un agente policial a pesar de estar ya engrilletado, en una calle de San Miguel Petapa.  Hay otros agentes que poco o nada hacen ante tal situación, detonada al parecer por los reclamos verbales del conductor, un fornido vendedor de piñas que ciertamente tenía algunos tragos de más, pero se trataba de  una situación que la que el sospechoso debía ser consignado, mas no recibir tal golpiza.

El Ministerio de Gobernación reaccionó con una conferencia de prensa en la cual censuraba el abuso de fuerza de los agentes, ordenaba su suspensión inmediata y su detención para enfrentar sanción judicial. Es muy posible que las miles de reacciones críticas de ciudadanos hayan conducido al Gobierno a tomar esta determinación. Sin embargo, no se trata de la primera agresión policial y ni siquiera la más grave. En la administración Giammattei Falla han ocurrido abusos de fuerza policial que han suscitado anuncios de investigación que se quedan allí, sin señalar responsables.

Un ejemplo es el caótico operativo de represión policial del 21 de noviembre del 2020, cuando varios individuos incendiaron dos oficinas del Congreso, a pesar de que en el interior del mismo había un grupo de agentes, posterior a lo cual las Fuerzas Especiales extendieron el radio de represión hasta la Plaza de la Constitución, donde había una manifestación pacífica contra la cual lanzaron gases lacrimógenos. A la fecha no existe ni una sola deducción de responsabilidades por la tardía reacción y el violento operativo. Aunque ocurrió en el inicio de la gestión del anterior ministro, Gendri Reyes,   la pesquisa bien podría ser retomada por el actual titular.

Dado que la mejor política es la prevención, es urgente que a todos los niveles de la institución policial se refuerce la conciencia sobre las garantías ciudadanas, los códigos de conducta y las leyes vigentes en contra de cualquier tipo de abuso. Sin embargo, mucho mejor es reforzar los cruces de información y las evaluaciones de aptitudes para la admisión de candidatos a la Academia de la PNC, así como analizar la posibilidad de regresar al programa de formación a su duración normal, ya que en el 2021 se redujo a seis meses, para poder graduar más elementos. Se debe priorizar la calidad y no la cantidad.

La ciudadanía necesita de una PNC funcional, tecnificada, íntegra, visionaria y consciente de su misión de brindar seguridad integral. Y la PNC necesita y depende de la confianza ciudadana para desempeñarse con calidad. Tiene la potestad de utilizar la fuerza, mas no como regla sino como último recurso. Pero, para ello, los mismos gobernantes y funcionarios deben dejar de utilizar a la institución para reprimir al ciudadano, un uso que muchos criticaron cuando eran candidatos.