Si el Tribunal Supremo Electoral quiere despojarse por fin del estigma de haber sido electo bajo la sombra del pacto oficialista tiene una oportunidad de oro al sancionar la flagrante campaña anticipada efectuada el fin de semana último por integrantes del partido Vamos, algunos con claros efectos de consumo de enervantes, que en total euforia efectuaron proclamas electoreras bajo una evidente sensación de impunidad. Se resalta el término flagrante porque el TSE dijo que investigaría la posibilidad de un ilícito, como si no fuesen evidentes fondo y forma de la transgresión. Los magistrados no pueden permitirse más el lujo de la permisividad si aspiran a tener alguna credibilidad de cara a los comicios del 2023.

Cierto, no son los únicos ni los primeros políticos que ya se encuentran en plena promoción de sus perfiles, que incluye discursos de velados ofrecimientos, lo cual exige una reacción pronta del ente rector de la actividad partidaria, dentro y fuera de la convocatoria a elecciones. Pese a la ambigüedad de las reformas electorales, algunas de las cuales han sido impugnadas por una posible limitación de la libertad de expresión, es necesario que el TSE actúe de manera coherente, pues hasta ahora se ha observado advertencias claras para unos y silencio cómplice para otros.

El caso en mención fue muy llamativo por el contexto y los significantes que exceden lo político. Entonar una popular canción norteña mexicana vinculada con el poder omnímodo que presumen capos o cabecillas de mafias tiene una connotación preocupante al tratarse de personas que guardan una estrecha relación con el gobierno de turno, y que en su momento criticaron similares prácticas de predecesores que estuvieron en lo alto y se fueron por la puerta de atrás o incluso entraron a una con barrotes.

Mucho se ha hablado acerca de las incertidumbres, conflictividades y potencial desconfianza sobre la gestión de los comicios generales del 2023: brechas en el empadronamiento de jóvenes, rezagos institucionales que lastran el registro de votantes guatemaltecos en EE. UU., pero en especial la actitud displicente de los magistrados ante partidos sancionados por financiamientos oscuros y delitos electorales, que siguen vigentes y amenazan con participar, y son peligrosos precedentes de ambivalencia, pago de favores o simple pusilanimidad.

El 21 de septiembre del 2014 se efectuó, bajo el aura de invulnerabilidad y poderío total que rodeaba al Partido Patriota —hoy desaparecido— un mitin ilegal en la Plaza de la Constitución, en el cual la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti proclamaba como precandidato al ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi: un evento que llegaría a ser una piedra más en el camino a la cancelación de dicha organización, aunque no sin una guerra de recursos legales dilatorios.

Si bien es cierto que la actual Ley Electoral tiene oquedades que el propio TSE tendrá que aclarar, es la única herramienta para poner orden al actuar de los partidos. Este es el momento en el cual los magistrados titulares y suplentes pueden y deben divorciarse de todo adeudo respecto de las bancadas o diputados. No están allí para servirles de mandaderos o apachar clavos, sino para velar por la voluntad manifiesta del pueblo de Guatemala. Es predecible la obsesión de cada entramado oficialista por la continuidad, lo cual hasta ahora no ha ocurrido a causa de los despropósitos a que conduce la sensación de poder absoluto, esa que exhibía aquel mitin del 2014 en la misma Plaza de la Constitución donde menos de un año después no había más vítores ni acarreados ni bailes ni abrazos.