El Ministerio Público dio ayer un paso importante en su lucha contra la impunidad, al lograr que el Juzgado de Mayor Riesgo A dictaminara procedente el arraigo de Édgar Justino Ovalle Maldonado, militar retirado, fundador y diputado por el partido oficialista FCN-Nación, a quien se sindica de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que asoló al país.

El arraigo es apenas una medida precautoria para evitar que el sindicado abandone el territorio nacional, pero tiene serias implicaciones a la luz de acontecimientos recientes que justificaban cierta preocupación ante la difícil ruta para enderezar acciones judiciales en su contra.

Debe considerarse que la jueza Claudette Domínguez debió encontrar suficiente elementos de convicción para dictaminar el arraigo de una figura tan emblemática del oficialismo y cerrarle así cualquier posibilidad de salir del país, como hizo Luis Rabbé. Es la segunda acción judicial contra Ovalle Maldonado, pues el 29 de agosto último la Corte Suprema de Justicia había resuelto, con el voto unánime de sus integrantes, dar trámite a un proceso de antejuicio enderezado en su contra por la Fiscalía de Derechos Humanos.

Esa decisión debe ser vista como un revés para el partido oficialista, si se toma en cuenta que Ovalle es el subjefe de bancada de FCN-Nación y que hace apenas una semana había votado en contra de una necesaria reforma al sector justicia que buscaba despojar del derecho de antejuicio a los diputados.

Ese detalle vislumbra el profundo debate sobre el fortalecimiento de la justicia en el país y, por el otro lado, los grupos tradicionales de poder que estarían confluyendo con congresistas y otros sectores para bajarle revoluciones a la lucha contra la corrupción, encabezada por el MP y la Cicig.

Es una triste realidad que también evidencia la profunda división existente entre quienes ven los embates de la justicia como un factor positivo y aquellos que se sienten con el derecho de dictar sus propias normas, y aportan dinero y esfuerzo para que eso no se realice.

Este asunto es crucial para Guatemala, porque en la medida en que las ideas giren en torno a la posibilidad de enfrentar a la justicia o de encontrar formas de poder para presionar a los juzgadores, el gran perdedor es el país. Nadie puede estar de acuerdo con una vuelta a ese pasado de oprobio.

Lo más sano es que el caso contra el exmilitar Ovalle, ahora arraigado, pueda continuar por las instancias respectivas y que no haya interferencias de ninguna índole para quienes deben juzgar los hechos.

No respaldar esa difícil batalla contra la impunidad solo puede caber en la mente de quienes se afanan en mantener un sistema necesitado de una profunda transformación para fortalecer la institucionalidad, pero sobre todo la independencia de quienes imparten justicia y no debieran estar sujetos a presiones. Se necesita también arrojo y valentía como los manifestados por la jueza Domínguez, quien se unió al grupo de jueces dignos del encomio de una ciudadanía dispuesta a apoyar los esfuerzos para erradicar la burla a las leyes.