El expresidente del Congreso Godofredo (Gudy) Rivera se convirtió ayer en el primer funcionario público integrante del moribundo Partido Patriota en ser condenado a una dura pena de prisión por haber intentado, en un claro aunque común abuso de poder, influir en las decisiones de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal lo halló culpable de tráfico de influencias y cohecho activo, por lo que deberá purgar la condena de más de 13 años de prisión. Este tiempo es el resultado de que el primer delito tiene el agravante de un doble castigo cuando se trata de un funcionario público, en este caso de cinco años, así como otros tres años y cuatro meses por el otro hecho ilícito.

Lo relevante de ese nuevo episodio de la lucha que Guatemala libra contra la impunidad y el crimen de cuello blanco es que el exdiputado patriotista se convierte en una de las figuras de más relevancia de esa agrupación en recibir una condena a prisión, además, inconmutable.

Diferente es el caso del abogado Vernon González, sobre quien pesaba un cargo similar, pero cuya condena a cuatro años y por no ser un funcionario le permite el beneficio de la conmutabilidad del castigo y solo queda por definir los términos en que se hará, porque esto no quedó especificado en la sentencia.

Una lectura obligada es el poderoso mensaje enviado por esta sentencia, al tratarse de uno de los tantos casos en los que el tráfico de influencias se volvió una práctica exagerada y a todo nivel entre los jerarcas del régimen patriotista. Todo mundo sospechaba que ocurría pero era imposible demostrar, lo que la convirtió desde hace muchos años en una actitud incrustada en el Estado y que con el PP llegó a niveles inconmensurables de desfachatez. Por eso se había irradiado hacia casi todas las dependencias y a las que funcionan con cierta autonomía.

Cuando Rivera y el abogado Vernon González buscaron influir en la magistrada Claudia Escobar para revertir el fallo del Tribunal Supremo Electoral que ordenaba a Roxana Baldetti abandonar la secretaría general del PP, continuaban con el abuso de poder, cuyo exceso se había generalizado con el partido oficialista del gobierno anterior.

La búsqueda de influir en todo tipo de funcionarios o servirse de muchos de ellos para literalmente imponer voluntades llegó a niveles intolerables. Por eso se ha criticado constantemente a las máximas figuras del Organismo Judicial, al haber sido electas por contubernios entre los partidos PP y Líder, lo cual dejó un justificado manto de desconfianza sobre sus integrantes, que solo con sus actos podrán desvirtuar cualquier sospecha contra ellos.

La sentencia impuesta ayer al expresidente del Congreso y al abogado González debe ser un claro ejemplo de que las mafias enquistadas en el Estado podrían tener los días contados, aunque no es tarea fácil ni inmediata. Ya se atisban acciones que pretenden detener el avance de la lucha contra la impunidad. Son muchos los sectores que deben tomar nota del enorme daño que la corrupción le causa al país y que debemos cambiar la mentalidad conformista y de tolerancia que ha permitido muchos de esos abusos.