La semana pasada fue pródiga en eventos: encerrona de empresarios en la Nunciatura; diputado erótico-festivo fornicando en su carro; cantinflesca actitud del vocero presidencial para “explicar” el viaje presidencial a Nueva York; solicitud de antejuicio contra tres exsecretarios generales de partidos políticos (UNE-Líder-FCN): Orlando Blanco, Roberto Villate y Jimmy Morales, y el domingo —de madrugada, con premeditación y nocturnidad— la decisión presidencial de declarar “non grato” a Iván Velásquez.
Entre suposiciones y ausencia de razones, el presidente resolvió explicar los motivos de su resolución. No tenía que hacerlo —según dijo—, así que gracias por su gentileza democrática hacia quienes representa y pagan su salario. Cómo un acto de lealtad a la patria y por haber sobrepasado sus atribuciones al presionar al Congreso fue la justificación para decretar la expulsión del comisionado. De haber sido así, y no un berrinche oportunista por estar señalado de cometer un delito —al igual que su hijo, su hermano y diputados de su partido—, debería haberlo manifestado hace tiempo, pero en Naciones Unidas no hay queja alguna del actuar del jefe de la Cicig.

Me parece que todo obedece a una estrategia de delincuentes, detenidos, huidos, en busca y captura o temerosos de ser descubiertos. Muchos de los escapados o internados en prisión es posible que jamás regresen a sus casas porque las condenas que se avecinan, en función de lo mostrado, pueden ser de por vida. Por tanto, únicamente cabe subvertir el orden. Es decir, dar un golpe de Estado técnico para librarse de sus perseguidores judiciales. De esa cuenta, y con colaboración de ciertos golpistas que hacen videos, usan las redes sociales o tergiversan artículos de la Constitución —amén de otros de similar calaña— decidieron actuar primero en Washington haciendo lobby y ahora, aquí, animando al presidente, que es parte del grupo de sindicados —al igual que miembros de su familia— a seguir ese miserable guion. Una ley de punto final es lo que persiguen y dejar la corrupción olvida lo que pretenden.

Se podrá o no estar de acuerdo con Iván Velásquez, achacarle diversos errores o incluso posicionarlo en un determinado sector del espectro ideológico, pero esto que ocurre es un intento golpista sustentado en la venganza y en el interés por no seguir limpiando el país de delincuentes. No hay que darle muchas vueltas al tema. Estén atentos al Congreso y cómo botarán el antejuicio.

En medio de este lodazal, se encuentran atrapados millones de ciudadanos honestos que deben tomar cartas en el asunto antes de que un grupito de descerebrados retome nuevamente el control del país y continúe con cooperachas, líneas, puertos, aeropuertos, carreteras, medicamentos, construcciones, sindicalizaciones y otros formas de robar fondos públicos. De momento, la Corte de Constitucionalidad ha puesto un alto temporal cuyas bases algunos cuestionan y otros justifican. Cualquiera que sea la decisión final, hay que asumir el destino más fieramente que en 2015, porque ahora se sabe de algunos que están detrás. Es momento de convertirse en ciudadanos de tiempo completo y decir no a la ruptura del orden, a la manipulación de la justicia ni a la protección del crimen organizado.

El país se salva o se pierde en las próximas semanas y seremos parte de esa historia. Se pudo con Baldizón y con el PP, ahora, a la tercera, seguramente vaya la vencida para derrotar a criminales profesionales. Es un duelo por el que hay que pasar si queremos cambios, pero el país se lo merece. Luego, no nos quejemos.

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