La sentencia condenatoria, en primer grado, pronunciada el miércoles contra varios militares procesados por el caso Molina Theissen ha puesto nuevamente en el tapete de la actualidad el secuestro masivo de menores durante el conflicto armado interno y los miles de niños más, exportados ilícitamente al extranjero —antes, durante y después del conflicto armado interno, por organizaciones no militares— bajo la apariencia de adopciones internacionales.

La sentencia no es definitiva y deberá ser conocida en instancias superiores, por una sala de apelaciones, por la Corte Suprema de Justicia o por apelación ante la Corte de Constitucionalidad y puede ser sometida después a examen en tribunales internacionales.

Pero, por encima y aparte de ese proceso penal, continúa en el ambiente la afirmación tanto dentro de Guatemala como en el extranjero, de que miles de niños desaparecieron durante el conflicto armado interno y todavía no existe certeza de su paradero.

Está colgada en la red una información sobre esta materia, divulgada por Plaza Pública —grupo de periodismo investigativo auspiciado por la Universidad Rafael Landívar—, según la cual se han producido dos importantes estudios sobre la niñez víctima, reveladores de que, en determinados momentos de la tragedia nacional, miles de niños guatemaltecos sin protección fueron convertidos en mercancía. Esos dos estudios son: 1) Las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca, 1977-1989, de la Secretaría de la Paz, publicado en 2009, y 2) Informe sobre actores involucrados en el proceso de adopciones irregulares en Guatemala a partir de la entrada en vigor de la Ley de Adopciones, publicado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en 2010.

Uno de esos estudios —según Plaza Pública— tiene que ver con la contrainsurgencia y sus implicaciones en el fenómeno de las adopciones desde estructuras estatales y privadas.

El período investigado abarca de 1977 a 1989, por considerar que en ese lapso se registran los acontecimientos que van a afectar el proceso de adopciones. Un proceso que se puede entender a partir de las necesidades específicas de la contrainsurgencia.

En el caso de esos niños si bien puede ser considerado un elemento de la impunidad histórica en el Estado guatemalteco, necesario es recordar que en algunos momentos el brazo de la justicia ha funcionado y producido sentencias condenatorias.

La creación del Consejo Nacional de Adopciones pareció una solución al problema y todo indica que las cosas mejoraron un poco; pero, estos días, hay un movimiento dirigido a la abolición de ese Consejo el cual, por otra parte, debería surtir de información a la opinión pública sobre hechos con apariencia de adopciones internacionales. Un informe atribuido a la Procuraduría General de la Nación por la periodista Velia Jaramillo (Proceso) indica que entre 1996 y 2004 más de 15 mil bebés de este país fueron entregados en adopción. El 97 por ciento de ellos terminó en otros países. Sólo en el 2004, parejas extranjeras adoptaron casi 3 mil 500 bebés. Tales cifras situaban a Guatemala —añade la citada periodista— como la nación que más exportaba niños en el mundo, por aquellos años. Y para entonces el conflicto armado había terminado. Pero, al final, lo que interesa ahora es esto: la vida de cinco mil niños importa, e igual debería importar si hubiesen sido dos o tres. ¿Dónde están? ¿Por qué ninguno retorna en busca de sus padres? ¿Por qué los padres no los buscan? ¿Por qué el Estado guarda silencio?

Esa es la cuestión.