El Pacto de Corruptos, borracho de poder, quiere llevar a extremos inimaginables su ignorancia, abuso de poder y la manipulación de leyes. Ahora pretende castigar a quienes osen criticar a los políticos, aspirantes a cargos de elección y funcionarios, en un claro afán por limitar la libertad de expresión.

Esto, simplemente, es absurdo e inconstitucional, y aunque hubo una conferencia de prensa para anunciarlo ayer, aún no lo han presentado oficialmente al Congreso, que de nuevo se ve afectado por la incapacidad de la mayoría de sus miembros.

Los diputados Delia Bac, Dolores Beltrán, Karla Martínez, Estuardo Galdámez y Eva Monte Bac, todos pintorescos, desean limitar la crítica a los políticos, gracias a modificar el Código Penal para castigar con cárcel a quienes critiquen a candidatos a cargos de elección popular, por constituir acoso y violencia política.

Los políticos están perdiendo la dimensión de sus numerosas incapacidades. La Constitución establece con claridad meridiana que todo funcionario es sujeto de crítica, sin limitaciones de ninguna naturaleza. El obtuso criterio de pretender limitar el derecho de expresión de cualquier ciudadano que quiera referirse a quienes ya hayan sido electos o participen en la siguiente contienda electoral no puede ser limitado por ninguna razón ni autoridad alguna.

Por lo mismo, tal aberración está condenada al fracaso, pues además hay clarísimo conflicto de intereses. El artículo 35 de la Constitución establece que es libre la expresión del pensamiento, y además, en refuerzo de esa garantía, fue creada la Ley de Emisión del Pensamiento, también de rango constitucional.

Es más que bochornoso que un grupo de impresentables diputados pretenda impulsar leyes de esa naturaleza que solo se aplican en países como Venezuela, Nicaragua o el Ecuador de Rafael Correa, quien causó un enorme daño en la sociedad ecuatoriana en su particular lucha por limitar el derecho de expresión. Ahora, con la persecución penal que enfrenta, se comprende que, como todo político, sus intenciones eran mantener lejos de la prensa su oscuro manejo del Estado.

Hace 374 años, en 1644, el escritor John Milton escribió su célebre ensayo Areopagítica, en el cual arremetía contra el poder inglés por sus intentos de censurar la libertad de imprenta y rechazar cualquier intención de limitar la libertad de expresión. Su propósito, dijo, era “liberar a la prensa de las restricciones con las que fuere lastrada, de manera que el poder pudiera determinar lo que era verdad y lo que era mentira, lo que había de publicarse y lo que había de suprimirse, dejare de confiarse a unos cuantos individuos, iletrados, e ignorantes…”.

Los legisladores se obstinan en hacer retroceder al país a tristes episodios de nuestra historia, y se evidencian como un grupo de oportunistas capaces de todo, al pretender una aberración jurídica producto de mentes retrógradas, incapaces de conocer sus limitaciones. Vale recordar que Serrano y Ríos Montt fracasaron en un intento similar.

La actual legislatura es la más desprestigiada de la historia y la que más se ha esforzado por profundizar la crisis de credibilidad en el sistema político del país.