El transfuguismo es un fenómeno que parece no tener fin en el Congreso de la República, a pesar de los últimos cambios a la ley interna de ese organismo, que buscaban precisamente evitar esa reprobable práctica, que es una traición a la voluntad popular expresada en la urnas. Sin embargo, la norma parece no haber tenido mayor efecto, pues solo en los últimos días se ha conocido de la deserción de otros dos diputados de sus bancadas.

El caso más reciente se refiere al diputado Álvaro Velásquez, quien ayer comunicó que se desliga del Comité Ejecutivo de Convergencia y apenas unos días antes también lo había hecho el legislador Luis Pedro Álvarez, quien se desvinculaba de Encuentro por Guatemala.

En el caso de Álvarez, cabe destacar que su renuncia también se hace extensiva como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, un tema que había marcado su trayectoria en los últimos meses y que también fue el motivo para que se produjeran las primeras diferencias a lo interno de su partido, pues ha sido uno de los promotores de la privatización de algunos servicios que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Al margen de las razones que cada uno pueda tener, no deja de ser lamentable que los legisladores continúen con tales maniobras, que parecen evidenciar la búsqueda de beneficios espurios, pues si en verdad se tratara de dimisiones por dignidad, simplemente renunciarían a ser congresistas, como ocurre en países políticamente sólidos.

En el caso de Velásquez, ya su propio partido le había pedido renunciar, junto a otros dos integrantes de la bancada, porque votaron a favor de la planilla encabezada por Óscar Chinchilla, acuerpada por el oficialismo, cuya postura en el espectro ideológico es diametralmente opuesta a la de Convergencia, decisión que días después calificaron de “error”. Sin embargo, no tuvieron el carácter para dimitir, pues sin duda las prebendas legislativas son una tentación muy difícil de resistir, así sea para los contestatarios aparentemente más convencidos.

Al final de cuentas, el transfuguismo no es solo un problema legal, sino que en el fondo tiene un sustrato ético que difícilmente comprenderá la mayoría de congresistas, en especial quienes han cambiado de colores a su conveniencia. Es precisamente por ello que la reforma aprobada buscaba atajar esa práctica, aunque a la vez abre la puerta durante el último año de cada legislatura para poder migrar de partido, con lo cual desnuda la calaña de representantes que tiene el pueblo de Guatemala.

El ciudadano sigue con las manos atadas porque las reformas a la Ley Electoral nunca tocaron el orden de las planillas, que siguen siendo una tácita imposición de los partidos. No obstante, hay una mayor conciencia cívica sobre el valor del voto, el significado de una diputación responsable y la fiscalización necesaria sobre las acciones de estos representantes, quienes deben terminar de entender que un cargo electoral o de nombramiento no es un permiso para transgredir leyes, tampoco una autorización para crear oscuros feudos de poder, ni es un aval para tráfico de influencias y así burlarse de quienes los eligieron.