La crisis por la que atravesamos es enorme y compleja. Si vamos a definiciones teóricas, un gobierno de facto es aquel que se origina fuera del derecho, la mayoría de gobiernos de facto  tiene su nacimiento al producirse un movimiento de fuerza, entiéndase un golpe de Estado como los de Peralta Azurdia, Ríos Montt o Mejía Víctores, o una rebelión como la que comandó Castillo Armas, o hasta una Revolución, como la de octubre del 44, que confió el poder a un triunvirato integrado por Toriello, Arana y Árbenz. También existen los gobiernos de facto por su ejercicio, es decir,  tuvieron un origen dentro del marco jurídico, pero durante su período, al realizar actos fuera de la ley, se convierten en usurpadores, entiéndase Estrada Cabrera, Ubico o Serrano. Los tres entraron por la puerta de la legalidad, pero los tres salieron por el atropello al derecho.

Se estudian los hechos que nos muestran a la ambición como la promotora del degenere de un gobierno legítimo en dictadura, pero lo que nos sucede a los guatemaltecos es más delicado, porque a pesar de que el presidente daba señales de embriaguez de poder, fue el Congreso quien llenó el vaso y produjo el rebalse.

Aprobar por medio de decreto que más de 400 delitos pasaran a ser conmutables, sin hacer un mínimo estudio o medio debate de lo que la decisión legislativa representaba, nos enseña la forma en que se legisla, incluso cuando la mayoría calificada la considera de “urgencia nacional”. La existencia de diputados de relleno que votan por cualquier cosa no es noticia, pero que por descuido ponga una gran mayoría a toda la población en un potencial peligro es digno de locura, ineptitud, mediocridad, o quizás, si pensamos un poco más en el fondo, de muy mala fe. Además, un congreso no puede autovetarse, así que lo que hicieron el 15 de septiembre tiene ribetes de otro acto ilegal.

La única legitimidad del Congreso queda en los diputados que votaron en contra del decreto de vergüenza y de quienes, por una u otra causa, no asistieron a la sesión. Recordemos que la ponencia fue presentada de sorpresa, así que nadie estaba preparado para el ataque. Es intrascendente si Sandra Torres se reunió con el presidente Morales y Felipe Alejos en el Palacio, porque lo que no se duda es que sus partidos votaron en plancha, salvo honrosas excepciones, a favor del esperpento.

Siempre el diálogo es la mejor herramienta para resolver los grandes problemas, pero nuestro conflicto es que no existen interlocutores legítimos del poder. ¿Se puede dialogar con un presidente que pide que retiren a la Cicig luego de haberse sentado junto a ella por más de un año y jurarle apoyo institucional, pero cuando tocan a sus parientes cambia de rumbo? ¿Puede un presidente ser legítimo cuando recibe doblete por parte del Ministerio de la Defensa y el acuerdo de creación del mismo tiene sospecha de haber sido “fabricado” en fecha posterior? ¿Pueden los ciudadanos confiar en diputados que hicieron lo que hicieron? ¿Cometeríamos los mismos errores que en 1993 y 1994?

Pedir las renuncias es indiscutible, pero suponiendo que se dieran mañana, ¿qué propuesta se generaría? ¿Cómo podemos no repetir el gatopardismo y retroceso de 1993? ¿Confía usted aún en este congreso para las reformas sustantivas?

Debemos manifestar y exigir, pero también debemos organizarnos y armar propuesta. Muchos estamos con el Paro Nacional; sin embargo, lo más difícil es garantizar una república y una democracia que funcionen, y esto es a largo plazo. Las renuncias sí, pero no perdamos de vista el mañana, que el país solito no se arregla.