Los acontecimientos por los que fueron enjuiciados los señalados de haberse apropiado ilegalmente de bienes y recursos que pertenecen al Estado y, por lo tanto, a la sociedad, han prácticamente anulado los problemas estructurales que tienen al borde del abismo a millones de personas.

Los sectores económicos más consecuentes reconocen que la situación en que subviven esas personas son inaceptables. Tenemos una cantidad de problemáticas y de rezagos en todos los ámbitos y como no se consulta a los eternamente marginados, los sondeos reportan que la corrupción es el mayor de los males. La falta de trabajo y de oportunidades son otros de los aspectos que encabezan esas encuestas. Sin embargo, los problemas invisibilizados en estas consultas son la ausencia de una vida digna y de acceso al desarrollo.

Esa situación es ancestral y ha tenido distintas manifestaciones, una de ellas, el conflicto armado que se originó, no solo por el cierre de los espacios políticos para las reivindicaciones legítimas de la población, sino por las causas estructurales que nos tienen en primeros lugares del subdesarrollo.

Venimos de una legalidad formal, donde en realidad se ha aplicado la ley del embudo, lo ancho para los que tienen y pueden y lo angosto para todos los demás. Las dictaduras amparadas en leyes y los posteriores gobiernos de la era democrática no han dado muestras de querer abordar los problemas estructurales del país.

Las mujeres constituyen la mayoría de la población, pero también son quienes tienen la carga más pesada para la sobrevivencia en este país campeón de la desigualdad. Estudios en el mundo revelan que los hombres obtienen un salario mayor hasta en un 20% que las mujeres, hecho que aquí es perfectamente comprobable. La discriminación por razón de género ya ni siquiera está en discusión, salvo en mentalidades que están atrincheradas en atavismos reaccionarios. Un estudio del conocido profesor Kliskberg señala que las mujeres son el mayor grupo discriminado de todo el planeta.

En Guatemala su capacidad de resiliencia ha sobrepasado todas las pruebas posibles e imaginables. La violencia intrafamiliar y la delincuencia común las tiene en la mira. A diario se informa sobre asesinatos horrendos de mujeres frente a sus hijos o víctimas con el cuerpo cercenado. La Procuraduría de Derechos Humanos informó que solo en el departamento de Guatemala se registran 80 denuncias diarias de violencia sexual.

En el área rural las mujeres indígenas han roto el silencio y se han atrevido a presentar denuncias de la violación a sus derechos. En este caso se suman las agresiones psicológicas que denigran su condición y las de carácter laboral.

Estamos en el umbral de la conmemoración de los 20 años de la firma de la paz. En el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria se contempló, como imprescindible, la participación de la mujer en el desarrollo económico, político y social y se estableció como obligación del Estado la promoción de la eliminación de toda forma de discriminación y la participación sobre bases de igualdad. Poco se ha avanzado a pesar de que se reconoce su contribución en todas las esferas de la actividad pública y privada.

Y si hablamos de participación política, el resultado es peor. En el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funciones del Ejército en una sociedad democrática también se asumió el compromiso de la participación de la mujer para que en todas las formas de ejercicio del poder se establezcan y garanticen oportunidades.

Sin embargo, las recientes reformas rechazaron sus propuestas, excluyeron sus principales reivindicaciones sobre paridad. A ver si en este nuevo proceso de “reformas de segunda generación” los diputados cumplen algo para rescatar un poco de credibilidad en las instituciones. Todo lo demás es demagogia.

iliaalamilla@gmail.com