Si bien el desprestigio institucional se ha centrado en el liderazgo y la integración de los máximos poderes del Estado, su alcance es mucho más extenso y a esa cadena de degradación se suman otras entidades, cuyas máximas figuras también se han visto salpicadas por casos de corrupción, inmoralidad o vulgar pillaje.

El último de los eventos más bochornosos lo protagonizó la jueza Claudette Domínguez, quien, tras un galimatías jurídico, benefició al general Érick Fernando Melgar Padilla, al revocarle una orden de captura que ella misma había autorizado días antes, poniéndole pausa a la investigación sobre el grado de involucramiento del militar en la muerte de su padre, asesinado por sicarios.

Este reciente capítulo ha vuelto a poner en la picota a una de las instituciones que más prestigio había tenido a lo largo de los años, el Ejército, que avanza de manera acelerada por una pendiente arriesgada, pues se están sumando casos que obligan al alto mando a tomar cartas en el asunto, porque algunos militares se están prestando al manipuleo, lo cual no debe ser tolerado.

Uno de los más recientes y tristes episodios lo protagonizó el general Williams Mansilla, exministro de la Defensa, quien en un claro abuso de poder le dio vida a un adormecido acuerdo que sirvió para que él y cierta cúpula castrense se beneficiara con recursos públicos y de paso salpicaran al presidente Jimmy Morales, a quien le recetaron un absurdo “bono de riesgo”.

Fue tan burda, abusiva e ilegal la maniobra que el mandatario debió devolver de inmediato 450 mil quetzales cuando la Contraloría General de Cuentas descubrió la irregularidad y planteó una denuncia en el Ministerio Público, pues de lo contrario el abuso pudo haberse prolongado por tiempo indefinido, hasta quizá convertirlo en un pago fijo injustificable. Por ese discutible proceder fue capturado y ligado a proceso Mansilla, aunque quedó bajo arresto domiciliario.

Hace dos semanas también fue capturado el coronel Fernando Godoy Cordón, en activo en el Ejército, junto a otras tres personas, entre ellas dos colombianos, cuando acababan de aterrizar en una pista clandestina en Petén, supuestamente transportando más de 500 kilos de cocaína. El día de su captura el militar estaba de descanso y el Ejército esperará ahora el final del proceso para determinar cómo queda su vinculación con las fuerzas armadas.

Tampoco es la primera vez que elementos castrenses aparecen vinculados con ilícitos y en los cuarteles convertidos en cárceles se puede encontrar una amplia galería de personajes que ha contribuido a desprestigiar a la institución, al punto de que su popularidad ha descendido, precisamente por casos de corrupción y criminalidad común que han escalado hasta los más altos mandos.

En el caso de Melgar Padilla, la institución tampoco queda bien librada, porque hubo demasiada duda para esclarecer el paradero del militar, lo cual abona en el desprestigio de otra institución no solo marcada por su apoliticidad, sino porque era una de las que más aprecio tenía entre la población, y recuperar la credibilidad no solo requerirá de mucho tiempo, sino de acciones convincentes, alejadas de la politiquería y de quienes pretenden instrumentalizarla.