El tema de las migraciones masivas que la misma crisis económica ha creado y que se manifestó claramente en el tema de los niños y niñas migrantes no acompañados provocó una preocupación humanitaria en unos  sectores políticos y una preocupación legal en otros.

Esta ayuda hoy tiene varios desafíos,  el primero es que no puede consistir únicamente en invertir más cooperación en los mismos proyectos que  no han sido suficientemente efectivos.  Se debe realizar una profunda revisión de procedimientos de diseño, plantear mayor participación de la sociedad civil,  más sentido de oportunidad, agilidad y flexibilidad en la aprobación y ejecución.

En el tema de seguridad se habla  de prevención de violencia, pero las propuestas  tienen que surgir de la sociedad misma y después darse el acompañamiento del Estado, no ser plan del Estado per sé,  pues no serán regionales ni tendrán credibilidad.  En  América Latina ha habido experiencias fantásticas y “buenas prácticas” de planes municipales o comunitarios de prevención; también se habla de la creación de una policía comunitaria que  no puede surgir de la actual,  la cual primero habría que desmilitarizar y cambiar su mentalidad y actitud, además de frenar la infiltración del mismo crimen organizado; lo que  implica un esfuerzo de crear  algo nuevo.

En el tema de justicia, sigue siendo importante la capacitación,  pero la mejor experiencia en combatir a cuerpos ilegales y al crimen organizado que amenaza la institucionalidad del Estado ha sido el establecimiento de la Cicig, pues digan lo que digan sus detractores,  sigue siendo la experiencia más exitosa para combatir la impunidad en Guatemala, mantener la Cicig debería ser  necesario  en la evaluación de la cooperación e incluso proponer a Honduras y El Salvador  la creación de una experiencia similar (Cicih, Cicies).

En Guatemala nadie puede  generar  credibilidad de voluntad política sobre el  fortalecimiento a la justicia si al mismo tiempo se opone a la Cicig,  lo que los hace ver como temerosos de  la existencia de un ente eficiente e independiente de investigación y prefieren una justicia “controlada”.
Estados Unidos no puede darle soluciones de frontera a un fenómeno que no surge de la frontera,  sino de las condiciones de pobreza e inseguridad y falta de acceso a la justicia.

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