Es explicable la actitud asumida por el representante de Guatemala en la Organización de Estados Americanos al no apoyar una resolución contra el Gobierno de Nicaragua, que fue votada por 21 en favor, 3 en contra, 7 abstenciones y 3 ausencias; lo cual indica que no hay consenso en la OEA cuya animosidad contra los gobiernos izquierdistas es inmodificable.

La mismísima oposición está urgiendo al Gobierno a retomar el diálogo para “que cese el clima de confrontación”, según palabras atribuidas al líder del empresariado nicaragüense, José Aguerri; es decir que los nicaragüenses están en condiciones de resolver su gran problema nacional, con argumentos nacionales, sin la intervención de otros países.

El voto de abstención no significa, en modo alguno, desentenderse del innecesario y dramático derramamiento de sangre que se produce en Nicaragua por asuntos políticos que podrían ser superados pacíficamente, en un marco de civismo y libertad.

La resolución de la OEA reconoce esto y cito textualmente, agregando de mi parte letras cursivas y una expresión entre paréntesis: “El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acompañe la labor de la Comisión de Verificación y Seguridad de Nicaragua, instalada por el Gobierno (de Nicaragua) en junio pasado a propósito de promover el diálogo en el marco de la crisis que se desató el 18 de abril tras las reformas a la seguridad social”.

Pero si el diálogo fracasa, la guerra contra el Gobierno de Nicaragua y el partido sandinista podría adoptar otras formas que dañarían considerablemente a la población.

Los casos de Árbenz, en Guatemala; Manuel Zelaya, en Honduras; Dilma Rousseff, en Brasil: Allende, en Chile; Maduro, en Venezuela; Hussein, en Irak; Gadafi, en Libia y otros más constituyen la pauta establecida para tratar a todo sistema que tenga olor a socialismo.

Así que la suerte de Ortega y de Rosario, su esposa, vicepresidenta de Nicaragua, y la del movimiento sandinista está predeterminada. Solo es cuestión de tiempo y si el líder nicaragüense logra salir con vida, le espera algo como a Árbenz o Zelaya. Pero, también pueden ser tratados como a Nicolae Ceausescu, el 25 de diciembre de 1989, en Rumania. Él era presidente de la República, y su esposa, Elena, vicepresidenta, y una vez derrocados fueron ejecutados, tras ser declarados culpables de genocidio y otros delitos graves.

La historia de esos derrocamientos y otros más es abundantemente conocida en el mundo, así que al presidente Ortega y a la vicepresidenta, Rosario Murillo, solamente les quedan dos caminos. Uno es abandonar el poder pacíficamente, mediante elecciones constitucionales o sin ellas. El otro, resistir como lo está haciendo el presidente Maduro, en Venezuela, sometido ya a dos bombardeos aéreos, uno desde un helicóptero y el más reciente con drones cargados de explosivos. Y vistas así las cosas, es un hecho que Guatemala no puede ni debe actuar como el gran policía de Centroamérica, ni dejar que en contra de su voluntad se le obligue a desempeñar ese papel que, hace algunos años, estuvo asignado al Gobierno de Nicaragua, cuando era presidido por Anastasio Somoza García (1937 a 1947 y de 1950 a 1956) y dio contra Guatemala el golpazo de 1954.

La ley y la moral en las relaciones entre los Estados centroamericanos obligan a un sometimiento constante a los principios del Derecho internacional y este da prioridad a la solución pacífica de todos los conflictos, ya fueren internos o entre un Estado y otro.