El gobierno se Jimmy Morales y quienes detrás de él mueven los hilos del poder se están convirtiendo en la mayor amenaza para la democracia, con el manipuleo de manifestaciones de supuesto apoyo, las cuales aprovecha el mandatario para darse baños de multitudes y lanzar ataques contra quienes exigen el cumplimiento de la ley o disienten del criterio gubernamental.

En la marcha del miércoles pasado, en la que fueron movilizados vendedores de La Terminal, el presidente lanzó duras críticas al Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el procurador de Derechos Humanos y los medios de comunicación independientes, a los que señala de “estar perdiendo la realidad”, en uno de los más hepáticos ataques provenientes del gobernante.

La virulenta diatriba provocó la inmediata reacción del embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, quien, a propósito de la conmemoración, el jueves, del Día Mundial de la Libertad de Prensa, emitió un pronunciamiento para afirmar que “cualquier limitación a las libertades de prensa es una amenaza a la voz de la sociedad guatemalteca y actualmente está sucediendo”.

Esta es una de las más inequívocas respuestas del diplomático sobre el giro que el presidente Morales le está imprimiendo a su gobierno, cada vez más desafiante, en la medida en que pierde más compinches y enfrenta un creciente llamado a actuar según lo manda la Constitución, como representante de la unidad nacional.

Resulta obvio que quien más debe meditar sobre la realidad guatemalteca es el presidente, porque los hechos son irrefutables: él y muchos políticos enfrentan señalamientos de corrupción por financiamiento electoral ilícito, y sus parientes más cercanos por operaciones fraudulentas en la prestación de servicios al Registro de la Propiedad. Uno de los máximos dirigentes del partido oficial, Édgar Ovalle, está prófugo tras haberse emitido una orden de captura en su contra.

La Fiscalía de Delitos Electorales también planteó la solicitud formal para que el Tribunal Supremo Electoral cancele al partido FCN-Nación, que lo llevó al poder, y un grupo de diputados tránsfugas que lo respalda buscan modificar leyes para garantizarse impunidad y que también cambiarse de partido deje de ser un obstáculo para buscar, con argumentos ridículos, continuar parasitando en el Estado.

Es un panorama complicado para el mandatario y para algunos de sus más cercanos manipuladores, que lo conducen a un escenario extremo que le puede complicar más el futuro inmediato, porque hasta ahora en Guatemala la institucionalidad se ha encargado de poner orden ante los exabruptos de los políticos, como lo puede atestiguar el aprendiz de dictador Jorge Serrano Elías, refugiado desde hace años en Panamá.

Al clamor por el respeto a la labor periodística se sumaron oficinas de Naciones Unidas y otros sectores que demandaron un “entorno seguro” para el ejercicio de un periodismo independiente, ante una realidad que el mandatario se rehúsa a ver y que al serle cada vez más adversa lo hace más vulnerable al entorno que lo manipula y lo encarrila en un peligroso rumbo que solo complicará más el resto de su administración y su futuro inmediato.