Hay tanto ruido político entre acciones legales y manifestaciones para derrocar al presidente que no se ha puesto mayor atención al proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno para 2018, presentado al Congreso. El proyecto es de Q87.9 mil millones, que representa un aumento de 13.6% sobre el monto aprobado para 2017. Por otra parte, el presupuesto para 2017 representó un aumento de 17.8% sobre lo ejecutado en 2016. Esto significa un aumento de 33.8% entre lo ejecutado en 2016 y el proyecto para 2018, equivalente a un aumento anual promedio de 15.7%. Para poner esta cifra en perspectiva, si la economía nacional, medida por el PIB, creciera a un ritmo igual, de 15.7% anual, el tamaño de la economía se duplicaría en 4.5 años —en términos nominales— y estaríamos a la vuelta de la esquina del progreso. Pero ese no es el caso, más bien, a este ritmo, es el gasto público el que se duplicará en 4.5 años.

El presupuesto del gobierno, y dicho sea de paso, de cualquier gobierno, no solo el de Guatemala, sufre dependencia crónica de ruta; se hará lo mismo que el año anterior, pero un poco más. Es muy difícil cortar o eliminar programas y gastos específicos, especialmente porque no se cuenta con métricas adecuadas para evaluar su desempeño y hay poco interés en hacerlo. Las empresas privadas no pueden darse ese lujo, por la disciplina de la competencia y el mecanismo de pérdidas y ganancias, que pronto corrigen el rumbo o conducen a la ruina. El Gobierno no tiene esos mecanismos de poda y corrección y lo que no funciona seguirá consumiendo recursos; los errores se acumulan.

Hay algunos cambios significativos en el presupuesto 2018, especialmente aumentos, que en mi opinión no provocarán mayores resultados, porque no hay cambios sustanciales en la forma de hacer las cosas. Al Ministerio de Educación, que absorbe 17% del presupuesto total, se le aumenta el presupuesto en Q897.6 millones, un aumento de 6.4%, que no se traducirá en mayor gasto en educación, sino en aumentos para maestros. Lo presupuestado para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social representa 9.5% del total y se le asigna un aumento de US$1,415, equivalente a un aumento de 20.5% en relación a 2017. Es un aumento significativo de recursos para MSPAS —un quinto— pero no producirá mejoras significativas, por los motivos esbozados arriba. El cambio más notable se ve en el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con un aumento de Q3,151.3 millones, que representa un aumento de 76.2% sobre 2017. Este ministerio tuvo un aumento de recursos de 88% en el presupuesto 2017 con respecto a lo ejecutado en 2016 y los resultados están a la vista, o mejor dicho, no se ven.

Para las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo se contempla un aumento de 23% y en mi opinión la mayoría de estas se debieran cerrar, por ser ajenas a las funciones legítimas de gobierno. Para el Ministerio de Economía se contempla una disminución de 38.5% en su presupuesto, que es adecuado, ya que su única función legítima sería detectar y eliminar trabas y obstáculos a la actividad productiva.

Dada la coyuntura conflictiva, veo poco probable que se pueda aprobar el Presupuesto para 2018. Hay nula capacidad de maniobra para introducir los cambios estructurales que son necesarios en el gasto público. Actualmente no hay espacio para formular una visión y alcanzarla por medio del razonamiento y la persuasión, pues la gestión política necesaria se ve dominada por la pasión y el enfrentamiento. Vienen más calenturas y dolores.

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