No hay día en que no me pregunte cuándo viviremos como seres humanos en Guatemala. Voy a obviar por esta vez la violencia económica, social, simbólica y física que denigra nuestra condición de humanidad día tras día. Hablaré de la violencia política a la que hemos estado sometidos, gracias a un pacto elitista y corrupto que nos deja pocas posibilidades de actuar fuera del sistema. Me referiré a esta dimensión, porque es la clase política, arrodillada ante ese pacto de elites corruptas, la que termina tomando las decisiones que afectan los programas sociales, el sistema de justicia, las políticas económicas y de seguridad, que definen las vidas de millones de personas.

Mientras en otras partes del mundo se habla ya de modelos de multi-actores para la decisión política y de los distintos modos de mediación de intereses en las redes políticas, acá seguimos viviendo las consecuencias de una política criolla obsoleta, corporativista, clientelar y corrupta, heredera del modelo político de 1985. Nunca un Congreso de la República había llegado a ser tan mal calificado por la ciudadanía como el actual (4%). Y pocas veces la historia política del país ha pedido tanto de la sociedad civil como en estos últimos años. Después de un periodo de guerra y silencio, seguido de una falsa ilusión de paz y macroestabilidad económica, nos toca volver a imaginar a la Guatemala que queremos e impedir que el viejo orden corrupto se mantenga.

No es un secreto que las próximas elecciones de Junta Directiva del Congreso y de Fiscal General tienen muy ocupada a gente de los grupos de poder que tiene miedo de terminar en la cárcel. Y en el fondo es eso: hay miedo a perder los privilegios que la vieja política permite sostener. Hay miedo a que la madeja se deshile en todas las direcciones y acabe con la reputación de muchos que solo saben funcionar desde los códigos de un orden corrupto. Hay miedo a ser una buena persona en el ámbito político, porque nadie se atreve a cuestionar la sordidez de Maquiavelo.

Hay quienes quieren un Congreso liderado por gente muy oscura, con antecedentes igualmente oscuros, porque será un año preelectoral en el que se necesitará empujar nuevas iniciativas de ley, definitivas para Guatemala (de servicio civil, de aceptación de cargos, electoral y de partidos políticos, entre más). Hay gente que claramente no quiere que el MP, de la mano de la Cicig, siga luchando contra la corrupción a la que estamos acostumbrados. Quieren que las estructuras criminales sigan vivas, sobre todo las que se incrustaron en el Estado guatemalteco en los últimos 20 años. Porque si bien es cierto que la Línea 1 y otras estructuras han quedado medianamente desarticuladas, hay otra red de líneas que están echando raíces.

Para llegar a la elección de Fiscal General se empieza por una comisión de Postulación que le presentará al presidente de Guatemala una lista final de seis candidatos. Si el pacto de elites se cierra alrededor de esta elección sin que la ciudadanía pueda hacer algo, tendremos un/a fiscal que se inclinará ante los grupos que lo llevaron al poder. Dicen que para Estados Unidos es más importante la elección de fiscal general que la de la presidencia del próximo año, y lo creo. En las manos de la próxima persona al frente del MP está la investigación penal que podría definir nuevos movimientos telúricos en Guatemala (no solo en el sistema político), o la continuidad de esa inercia corrupta que traíamos.

En estas condiciones y con esos actores, ¿es posible generar nuevos escenarios políticos para pasar de un pacto de elites a acuerdos sociales más amplios, nuevas correlaciones de fuerzas que permitan la implementación de políticas para la vida digna de toda la ciudadanía, nuevas formas de hacer política? Por de pronto, nos toca no quitar los ojos de las dos elecciones que tenemos enfrente.

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