El aparato público no se ha caracterizado por la eficiencia en el servicio, y si existen algunos casos que demuestren una conducta proactiva, estos han de constituir auténticas excepciones y es posible contarlos con los dedos de una mano.

La reflexión es oportuna, no solo por el calvario sufrido por millones de guatemaltecos que a diario visitan oficinas públicas, en las que literalmente dejan una parte de su vida sin que exista poder humano que pueda transformar esa ignominia, pero también por otros detalles que evidencian la laxitud con la que se mueve la burocracia.

Otra penosa parsimonia con la que se deslizan muchas comunas es la forma en la que ejecutan los millonarios recursos entregados, sobre todo aquellos destinados a la inversión, un factor que puede representar la reactivación de todo el aparato productivo del país si existieran mayor planificación, transparencia y el compromiso de dar respuesta a las demandas de la población.

La mayoría de las corporaciones municipales no llega ni siquiera al 50 por ciento de ejecución del presupuesto de inversión y el promedio que alcanzan los 340 gobiernos locales apenas registra el 45 por ciento, síntoma de mala administración y deficiente ejecución, reflejada en desatención a los vecinos.

Los números son elocuentes para poner sobre el tapete una enorme deficiencia de la mayoría de las corporaciones ediles, pues apenas llegan a diez las que logran efectuar una ejecución mayor al 50 por ciento.

Por ejemplo, para el ejercicio de este año se había solicitado una asignación de 4.3 mil millones de quetzales para obras de infraestructura, pero los recursos llegan en la medida que avanzan los proyectos. Según el más reciente reporte de la Secretaría General de Planificación, se habían entregado un poco más de 722 millones de quetzales y de eso solo habían ejecutado 327 millones. El promedio es entonces de una ejecución del 45 por ciento.

Cuando faltan pocos días para que concluya el año, parece un desatino que la mayoría de alcaldes no sean capaces de hacer una mejor ejecución de los recursos disponibles, porque eso al final repercute en un mal servicio a la comunidad, pero también se cierran espacios para el desarrollo.

Cargan además los jefes ediles, en su mayoría, con una tacha señalada por la Procuraduría de Derechos Humanos, porque tampoco cumplen con los requisitos de implementar mecanismos de transparencia que permitan a los contribuyentes ver cómo son gastados sus impuestos y de esa manera convencerlos de la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales ciudadanas.

Cuando se ven los números en frío, debe concluirse en que existe todavía mucha ineficiencia en la administración pública, y en un país donde la obra gris es crucial, eso puede marcar la diferencia con un mejor desarrollo. Por si fuera poco, a partir del 2017, los alcaldes que no ejecuten esos recursos millonarios simplemente los arrastrarán hacia el siguiente año y así aumentarán sus reservas financieras, sin que en los nuevos cambios introducidos en el Presupuesto se les fije un mayor compromiso con la rendición de cuentas.