Guatemala afronta una de las etapas más cruciales de los últimos años y mucho de lo comentado hoy en día está relacionado con el combate de la corrupción. Esto claramente marca la agenda de coyuntura que nos indica con meridiana claridad dónde se concentra uno de los factores de poder del país.

Por primera vez se percibe que la consolidación de muchas instituciones puede ser posible y puede llegar a feliz término si se le brindan las facilidades necesarias y los recursos suficientes a quienes hoy encabezan la batalla contra diversas estructuras mafiosas que desfiguraron la institucionalidad nacional.

Claramente, el Ministerio Público ha llevado el liderazgo de combatir la corrupción en el país y todo lo que ello implica: recuperar el respeto por las instituciones, por los electores y por un sistema sometido a los peores y más vergonzosos e ilegales abusos de quienes han llegado al poder a través de las urnas.

Hoy en día ese liderazgo recae sobre el MP, lo cual ha sido posible gracias al respaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que a los guatemaltecos no les cuesta un solo centavo y solo requiere que no haya interferencia en sus actividades.

En cambio, cuando se busca a otras figuras que puedan acompañar ese esfuerzo, la tarea se hace más ardua, pues resulta difícil percibir esfuerzos creíbles de quienes hoy encabezan los poderes del Estado, porque claramente actúan de manera timorata o interesada cuando se trata de unir esfuerzos en una cruzada por la dignidad nacional.

Varios analistas consultados por Prensa Libre coinciden en que en ninguno de esos tres poderes estatales se puede percibir un claro liderazgo, y por ello ha sido mucho más evidente que la comunidad internacional y la misma Cicig han tomado la delantera en esa búsqueda de cambio de las viejas estructuras que sostienen la actual forma de gobierno, una democracia electoral y de fachada.

A casi seis meses del inicio de un nuevo gobierno, la figura del presidente se percibe como una de las más débiles, y eso es mucho decir, porque en un sistema tan marcadamente presidencialista como el guatemalteco, ese ha sido uno de los epicentros del poder nacional, y ahora luce disminuido. Lo mismo ocurre con el Congreso, porque demasiados de sus integrantes cargan con el estigma de la corruptela, principalmente de los tránsfugas que inundaron todas las bancadas, en particular la oficialista. El Organismo Judicial no escapa: demasiados de sus más emblemáticos integrantes todavía siguen dando de qué hablar con muchas de sus resoluciones, sobre todo cuando se observa quiénes son los beneficiados.

El mandatario Jimmy Morales afirmó ayer en su muro de Facebook que sí hay presidente, y resaltó sus incansables jornadas para restablecer las derruidas estructuras del Estado. Puede ser, pero por ahora son esfuerzos insuficientes como para pensar que existe un claro liderazgo en el Ejecutivo. Ni siquiera es posible enumerar acciones fundamentales de Gobierno para pensar de manera contraria y para demostrar que tiene poder de influencia y convocatoria en su propia bancada, caracterizada por ser díscola e irrespetuosa.