La publicación del acuerdo 3853-2017 por el Ministerio de Educación, justo a principios de este año, ha causado un revuelo significativo entre docentes, artistas y muchísimas otras personas vinculadas con la música guatemalteca, que han reaccionado con asombro, con incredulidad, con indignación. No es para menos. Producto de una redacción poco afortunada, este documento con validez legal para toda la República de Guatemala hace invisibles los cursos de Formación Musical y de Artes Plásticas en el nivel de Estudios Básicos. Los acuerdos previos —el 178-2009 es el más reciente— no precisamente constituyen dechados de planificación curricular, ni en forma ni en fondo; pero, cuando menos, dejaban a la vista la atribución de algunos períodos semanales de clases dedicadas específicamente a esas dos asignaturas.

Como consecuencia, se logró que las autoridades viceministeriales respondieran con una celeridad inusual a la solicitud del
Foro Latinoamericano de Educación Musical-Sección Guatemala (Fladem), a la que se sumaron numerosos representantes de otras instituciones, con el fin de programar reuniones inmediatas y con carácter de urgencia, para hacer el planteamiento de modificaciones imprescindibles al acuerdo. De estas reuniones se ha obtenido, hasta este momento, el ofrecimiento de la aceptación de las enmiendas primordiales que se proponen y una nueva junta. Aún es necesario que se comprenda y se reconozca que los docentes de artes musicales y visuales deben figurar propiamente en los certificados de aprobación de los alumnos. De hecho, una de las primeras medidas, irreflexivas y facilistas, que tomaron diversos centros educativos privados —como era de esperarse— fue el despido de sus maestros de música. Todo esto ya ha sido divulgado ampliamente en medios y redes sociales durante la pasada semana.

Lo que no es tan del conocimiento general es que –contrario a lo que podría parecer– el Mineduc convocó a diversos especialistas en el 2017 para efectuar un estudio que debía ser parte de la así llamada Reforma Educativa, con un plan piloto y una evaluación a lo largo del 2018. Las conclusiones se entregaron el 15 de diciembre, pero el acuerdo no las refleja. La defensa del Ministerio es una —discutible— optimización de recursos con miras a “mejorar” la calidad de la educación. Lamentablemente, desde anteriores administraciones, con pocas excepciones se ha mantenido la tendencia a disminuir la ya minusvalorada educación musical, en abierta y ridícula contradicción con la realidad de una sociedad que demanda más música y más educación artística. Las evidencias –que no meras opiniones o conjeturas– muestran lo absurdo de semejante propensión: cada vez hay más jóvenes que buscan aprender y desarrollar habilidades musicales, florecen escuelas y academias de música, el capital humano dedicado a la pedagogía musical es mayor que el de cualquier otro arte en el país, emergen más industrias relacionadas con el arte guatemalteco, cada año es notable la cantidad de agrupaciones que surgen… Éstas no son simples especulaciones.

Es que, por último, no son los políticos corruptos, los burócratas incompetentes, los empresarios egoístas, ni el crimen organizado, ni los propagandistas místicos, ni los aprovechados de ocasión, quienes sacan ni han sacado la cara por Guatemala. Son los artistas, los creadores, los pensadores, quienes verdaderamente le dan razón de ser a este país. Vamos, pues, de regreso a clases; pero no en retroceso, sino con la mira puesta en lo más valioso que tiene esta nación, sin mezquindad, sin insensatez. Esperamos que ahora se dé un paso firme, hacia el futuro.

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