La República de Guatemala es heredera de la colonia, en cuya transición cambió su estatus legal, aunque su administración quedó en las mismas manos. Las condiciones económicas se fortalecieron con el café y con la revolución liberal de 1871, conducida por  nuevos caudillos, la clase económicamente fuerte mantuvo el poder y el criterio de la explotación de la mano de obra, históricamente endilgada al indígena. La apertura al mercado europeo permitió su industrialización, para lo que se ofreció tierra, creándose así los grandes latifundios.

La revolución de octubre de 1944 fue producto del aislamiento internacional al que la dictadura de Jorge Ubico llevó al país y su estancamiento político, social y cultural. En la década 1944-45, la transformación política, productiva, social y cultural desestabilizó la tranquilidad de quienes se consideraban dueños del país y lo dirigían como aquellas unidades productivas agrícolas —la finca—, en las que el campesinado era parte de su fauna. La gota que derramó el vaso fue el decreto 900, Ley de Reforma Agraria, y en particular, la expropiación de las tierras que diferentes gobiernos habían concedido a la compañía frutera, ligada al ferrocarril, y a la generación y distribución de energía eléctrica del país. Eso hizo que sus vínculos con estructuras de poder, ligadas al gobierno de los EE. UU., propiciaran la invasión militar que derrocó al presidente Jacobo Árbenz.

A partir de entonces, la oligarquía, compuesta en esencia por el sector agrícola, comercial e industrial, consolidó su poder, haciendo de la política un mecanismo para asegurarlo. El papel del Ejército fue importante en ese juego. Treinta y seis años de guerra interna (1960-96) no fueron suficientes para recuperar la equidad y justicia social perdidas, y como toda guerra, resultó un gran negocio para muchos. De entonces proviene la corrupción que hoy nos agobia. Corrupción enquistada en el Estado, expandida desde las primitivas cúpulas del poder, hasta los cuadros medios de la administración pública, ahora asociada a grupos delincuenciales de carácter internacional.

En ese contexto los políticos visualizaron al Estado como una fuente inagotable de riqueza, en el que la conducción del país y el bienestar común no tienen cabida. No se trata de gente ignorante, solo son incultos, inmorales y cívicamente nulos. Es por eso que en la actualidad y diariamente somos testigos de la desfachatez con la que algunos actúan, siguiendo la línea de acción de aquellas altas autoridades, empresarios y funcionarios que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra de la Impunidad en Guatemala sacaron a la luz pública en abril de 2015.

En última instancia, la responsabilidad de que personas así lleguen a ocupar cargos públicos la tiene el pueblo, quien las elige. Para eso los gobiernos de 1954 al presente han sacrificado el presupuesto de ministerios como Educación, Cultura y Salud, vedando al pueblo la oportunidad de capacitarse, con el perverso fin de mantenerlo sumido en la ignorancia, garantizando con sus decisiones la fórmula infalible de acabar con el país en términos de desarrollo social, político, económico y cultural.

Tal situación queda muy bien descrita en la siguiente pinta anónima: “El problema de Latinoamérica es que quienes eligen a los gobernantes no son las personas que leen los periódicos, sino las que se limpian el culo con ellos”.

“Destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere de un bajo nivel educativo y que sus estudiantes hagan trampa en los exámenes”. Mensaje inscrito al ingreso de una universidad en Sudáfrica.

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